La Diputada Georgina Zapata Lucero presentó en el pleno del Congreso del Estado, una iniciativa para modificar la Ley de Migración para que se suspenda de su cargo a todo servidor público señalado como presunto responsable de un delito, como los del lamentablemente incendio ocurrido hace un año en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez.
Señaló que el día 27 de marzo del año pasado como ya conocemos, sucedió un incendio en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez que le costó la vida a 40 personas migrantes y del cual varias más resultaron heridas, es un claro ejemplo de lo que no debe de suceder en unas instalaciones particularmente oficiales, que se supone están para proteger a las personas migrantes con el tutelaje y recurso del estado mexicano.
“La Comisión Nacional de Derechos Humanos en la recomendación número 111VG/2023 señaló que se actualizaron los supuestos de violaciones graves a derechos humanos establecidos en los estándares nacionales e internacionales, por parte de los servidores públicos, en virtud de que en el contexto general de los hechos y de acuerdo con las evidencias y análisis de estas realizados, se acreditó la violación a los derechos al trato digno, a la vida, y a la integridad y seguridad personal, al realizar diversas omisiones”.
Indicó que al momento de estar vinculado a la comisión de un probable delito se debió haber suspendido temporalmente de sus cargos a todos los servidores públicos sin sesgo que se encuentran en esta situación, por la responsabilidad que pudieran tener en estos hechos..
Las negligencias no pueden quedar impunes, y se debe castigar a los responsables, para evitar que acontecimientos como estos vuelvan a ocurrir. Consolidar estas reformas deben de ser parte de un enfoque multidimensional que de la mano de una serie de acciones que abonen a conformar un esquema jurídico, y en conjunto a demás hechos, pueda entonces si generar la conformación de una política migratoria acorde a la realidad y necesidad de nuestro país y no situar subsidios económicamente y jurídicamente inviables como programas y convenios asistencialistas sin métrica, fondo o resultado, particularmente para nuestro país, finalizó.
