El diputado Ismael Pérez Pavía subió a tribuna para hacer un llamado a la Secretaría de la Función Pública Federal y a la Fiscalía General de la República, a fin de que inicie las investigaciones por las posibles responsabilidades e irregularidades en el contrato con la compañía de seguridad privada CAMSA.
«¿Quién estaba a cargo de la seguridad del centro migratorio?. El contrato público que adjudica directamente al Grupo de Seguridad Privada CAMSA, establece lo siguiente: El Instituto pagará a «el proveedor» como contraprestación por los servicios objeto de este contrato un monto mínimo total de $76,000,000.00 y un monto máximo de $190,000,000.00″, refirió el diputado local.
En su exposición, comentó que el convenio también contemplaba que la empresa debía aportar 503 elementos de seguridad en 23 estados. Sin embargo, en Ciudad Juárez, solamente se tenían reportados 4 elementos. Lo anterior da lugar a un concierto de ilegalidades cometidos por el Gobierno Federal.
«Estamos ante la clara comisión de responsabilidades administrativas y penales por parte del gobierno encabezado por Andrés Manuel. Por otorgarle un contrato a un amigo o conocido fueron capaces de poner en riesgo la seguridad de migrantes y traer como consecuencia el fallecimiento de ellos, hasta donde alcanza el velo de impunidad de este gobierno de falsa transformación», apuntó el representante del Distrito 11.
Cabe señalar, el incendio de la noche del pasado 27 de marzo en la estancia migratoria de Juárez, según cifras del INM, dio como resultado cerca de 40 fallecidos y al menos otras 28 personas que se han reportado en estado grave, la mayoría provenientes de Guatemala.
