Trump con bota en México / Claudia y sus pruebas / Dónde está Rocha? / Exámenes de desconfianza
ES DE AMPLIA preocupación el nuevo anuncio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en el sentido de atacar de manera directa y por tierra a los cárteles mexicanos de la droga.
La advertencia, ya decretada dentro de la nueva estrategia norteamericana, es, por desgracia, la respuesta de los gringos ante un gobierno mexicano que prácticamente no ha combatido al crimen organizado y que, aún más, se niega a entregar a los narcopolíticos vinculados con el Cártel de Sinaloa.
La petición norteamericana no es menor. Proviene del Departamento de Seguridad a solicitud de la Fiscalía del Sur de Nueva York, donde iniciaron un proceso por narcotráfico, secuestro, asesinatos y posesión de armamento contra 10 funcionarios, la mayoría aún activos en el Gobierno de Sonora, incluido el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.
Es decir, la petición es diplomática y la respuesta de México debería ser en el mismo sentido; pero repetir cada mañana que “no hay pruebas” resulta ofensivo para el vecino del norte. Las pruebas están allá, el proceso se sigue en Nueva York y el Gobierno de México únicamente tendría que definir si dará curso o no a la solicitud.
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, sabe —o por lo menos su equipo jurídico— que las pruebas se presentan en el momento procesal adecuado, ni antes ni después. Ese momento aún no llega; por ahora sólo existe la petición para arrestar a los primeros 10 implicados con fines de extradición.
Argumentar soberanía y ausencia de pruebas son dos narrativas que comienzan a desgastarse. Parecería que se han convertido en bandera suficiente para sostener a los presuntos políticos delincuentes.
Trump ha tomado nota de los posicionamientos mexicanos y ha adecuado el marco legal de su país para atacar a los cárteles mexicanos clasificados como terroristas, incluso mediante operaciones terrestres.
Sano resultaría para ambos países entrar en una verdadera sinergia de colaboración y dejar atrás la simulación. En México no existe voluntad real para combatir al crimen organizado y lo ocurrido durante los últimos ocho años demuestra una resistencia sistemática.
EL GOBERNADOR con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se encuentra —aunque nadie lo diga oficialmente— en calidad de no localizado, y no precisamente porque haya sido secuestrado o levantado.
Nadie sabe dónde está y quien lo sabe no lo dirá. La Fiscalía General de la República asegura desconocer su ubicación, pese a que supuestamente se encuentra bajo investigación.
Incluso el secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, afirma desconocer su paradero, pese a que le asignó escoltas de la Guardia Nacional. Tan sencillo sería preguntarles a esos elementos.
Pero no. Resulta más conveniente no ubicarlo para evitar informar a los Estados Unidos, aunque a estas alturas eso sea lo de menos. Lo importante es mantenerse en la línea de Morena y de la Cuarta Transformación: negarlo todo.
Por ahora, y ante la ausencia de información oficial —porque se niega o simplemente no existe—, las versiones apuntan a que el exgobernador estaría en Palenque con Andrés Manuel López Obrador o habría sido trasladado a Cuba, donde no existe tratado de extradición, aunque probablemente el gobierno de la isla lo entregaría más rápido que México.
EXISTE una preocupación real en la Dirección de Seguridad Pública Municipal ante el anuncio de la Federación de atraer la aplicación de los exámenes de confianza para las policías municipales del país, según lo expresó el titular de la corporación, Julio Salas.
La inquietud no es menor. Bajo el nuevo esquema, el Municipio de Chihuahua tendría que erogar más de seis mil pesos por cada elemento sometido a evaluación, lo que representaría una cantidad considerable tomando en cuenta que la corporación supera los mil 400 policías.
Se trata además de un recurso que no está contemplado en el presupuesto municipal y que, de imponerse desde el centro del país, impactaría de manera directa las finanzas de la corporación, particularmente en rubros sensibles como equipamiento, capacitación y operación.
Actualmente, los exámenes de control y confianza prácticamente no representan costo para el Municipio, debido a que son aplicados por la Fiscalía General del Estado mediante un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de Chihuahua.
La propuesta federal, en términos llanos, parece más una medida recaudatoria que una estrategia auténticamente orientada a fortalecer la seguridad en el país.
