Migrar es un derecho consagrado en el artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), pero sigue siendo muy vulnerado.
Que la migración esté reconocida como un derecho fundamental de todas las personas se debe -seguramente- a que, como bien lo dijo, Patrick Kingsley, la historia de la humanidad es esencialmente la historia del movimiento humano (la humanidad es fundamentalmente una historia de migración, diría Laila Lalami), y cuanto antes se reconozca la inevitabilidad de este movimiento, más pronto se podrá gestionar apropiadamente; o sea, de forma segura, ordenada, regular, digna y beneficiosa para los migrantes y las sociedades -como lo dispone la meta 10.7 de los ODS-.
El asunto es que, tal y como lo establece la DUDH, “Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado” y “a salir de cualquier país, incluso del propio”. Por eso migrar no es un delito y menos un crimen.
Es pues la migración un derecho humano que, como tal, debe ser garantizado por los Estados mediante el acompañamiento a las personas migrantes hacia el ejercicio de sus todos sus derechos y la generación de las condiciones mínimas para tener una vida digna; lo cual incluye, por supuesto, garantizar la preservación de la vida de los migrantes.
Lamentablemente, según el más reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), desde 2014 (año en el que inició con la recopilación de datos) más de 50,000 personas en todo el mundo han perdido la vida o desaparecido durante viajes migratorios. Cifra que, a decir de la OIM, está lejos de la realidad porque representa solo una estimación mínima, ya que la mayoría de las muertes o desapariciones de migrantes no se reportan o no se registran adecuadamente.
Dicho todo lo anterior, queda más que claro por qué la tragedia ocurrida la semana pasada en la estación migratoria del INM en Ciudad Juárez es gravísima e inaceptable. Es decir, porque eso sí es un delito criminal producto de las omisiones y negligencia de las autoridades migratorias encargadas de garantizar el trato humano, la seguridad y el bienestar de los migrantes alojados o detenidos temporal o provisionalmente en sus instalaciones (“La tragedia en Ciudad Juárez es una muestra de la inédita estrategia de control migratorio en el país”).
Por ese y muchos casos más es que, tal como lo enfatiza el documento “La migración en la Agenda 2030: Guía para profesionales”, los esfuerzos no se deben centrar en tratar de detener la migración, sino más bien en crear condiciones en las que la migración sea una elección y no una necesidad, y que tenga lugar a través de canales ordenados, seguros, y dignos para que actúe como catalizador del desarrollo.
A modo de reflexión sumativa, concluyo citando lo dicho alguna vez por el secretario general de la ONU, António Guterres: Como comunidad global, nos enfrentamos a una elección. ¿Queremos que la migración sea una fuente de prosperidad y solidaridad internacional, o un sinónimo de inhumanidad y fricciones sociales?
Aída María Holguín Baeza
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