Las pipas destrozadas por las llamas son testigo mudo de un siniestro provocado
Francisco López Matán / El Diario
Chihuahua.- A casi dos meses del incendio que acabó con siete pipas de una gasera en la colonia Los Alamos II, en Aldama, las instalaciones permanecen en la misma condición siniestrada e incluso sin vigilancia.
Las pipas destrozadas por las llamas son testigo mudo de un siniestro provocado, en unas instalaciones que están localizadas a unas decenas de metros de la populosa colonia.
El siniestro, ocurrido la noche del 6 de marzo en el fraccionamiento Álamos, dejó una escena de devastación que, hasta hoy, permanece prácticamente intacta. En el lugar aún se observan restos calcinados de las unidades, mobiliario dañado, sin que la empresa haya intervenido para limpiar, resguardar o rehabilitar el sitio.
Aunque en la entrada del inmueble permanece un aviso de precaución, no hay presencia de guardias, veladores ni personal responsable que controle el acceso o supervise las condiciones de seguridad. Esta omisión resulta especialmente grave debido a que dentro del perímetro cercado aún se encuentra un tanque estacionario de gran capacidad para almacenamiento de gas LP, cuyo estado actual es desconocido.
Vecinos de la zona aseguran vivir con incertidumbre constante, al desconocer si dicho tanque contiene combustible o si representa un riesgo latente de explosión. “Nadie nos informa nada, no sabemos si estamos en peligro o no. Simplemente lo dejaron así, como si no hubiera pasado nada”, denuncian habitantes cercanos.
El ataque, perpetrado presuntamente por grupos criminales mediante el uso de bombas molotov, provocó múltiples explosiones que obligaron la evacuación de hasta 3,000 personas, ante el riesgo de una tragedia mayor. Durante más de cuatro horas, elementos de bomberos de Aldama y Chihuahua trabajaron para sofocar las llamas que consumieron las pipas con capacidad de 4,500 litros cada una.
Pese a la magnitud del incidente y al peligro que representó para la población, hasta el momento no se ha informado de sanciones, clausuras definitivas ni medidas contundentes contra la empresa responsable del predio, lo que deja en evidencia posibles vacíos en la supervisión de las autoridades competentes.
Hoy, el lugar no solo es un recordatorio del ataque violento, sino también un foco de riesgo activo. La falta de intervención por parte de la empresa y la aparente omisión de las autoridades mantienen a cientos de familias en una situación de vulnerabilidad, ante la posibilidad de que un nuevo incidente ya sea por negligencia o factores externos vuelva a poner en jaque la seguridad de toda la zona.
