Hasta unas semanas atrás, cuando se planteaba, tanto en la conversación privada, como en la pública, el tema de la sucesión a gobierno y municipios (los de mayor población), la mayoría afirmaba que ‘aun están lejanas las fechas’ y en todos los casos se hacía pensando en la fecha de las elecciones.
Es una equivocación, la realidad lo está mostrando, porque no se tomaba en cuenta el tiempo necesario que deben emplear los aspirantes para ‘darse a conocer’, más allá de los cargos ocupados y del desempeño en ellos.
El problema es que hemos caído en una especie de burbuja del tiempo en el que las regulaciones existentes, para normar la participación de los aspirantes y la actuación de los organismos electorales, están sometidas a una sistemática violación, desde la presidencia de la república, hasta las oficinas de los más modestos funcionarios públicos.
La reforma del 2008 estableció la prohibición -entre otras- de la difusión de la imagen y voz de los funcionarios públicos, promoviendo la obra y los servicios públicos, con la excepción del lapso de unos días y otros después de la fecha de la presentación de sus respectivos informes.
Todo eso se mandó al despeñadero, no solo con las campañas de las corcholatas, sino desde mucho tiempo antes en el que, usando todos su recursos, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lanzó millones de spots en los que se usó su imagen y voz para promover obras, actos y servicios.
Nada ocurrió.
Habían pasado los tiempos en los que la mayoría de los consejeros y magistrados del INE y del TEPJF, respectivamente, habían ejercido a plenitud sus derechos y facultades para sancionar a los actores políticos infractores, entre los que destacaron los procedentes de la 4T.
¿Qué debían hacer los opositores?
Lo primero que viene a la mente, bajo la creencia de que existía un “Estado de Derecho” y que las ‘instituciones’ actuarían dentro de la ‘normalidad’ hasta entonces vigente y que podrían esperarse actuaciones congruentes con lo establecido por las normas, que denunciaran las ilegalidades y nos las cometieran.
O actuar como los de enfrente.
Así lo harán, lo están haciendo.
Todo eso forma parte, -¡qué pronto!- del pasado; la actuación de los organismos electorales en la pasada elección judicial es más que contundente en ese sentido.
Las primeras regulaciones establecidas tuvieron como objetivo sacar al gobierno del control de las elecciones y la segunda gran reforma electoral fue la que intentó, además de darle equidad a las contiendas, orear el origen del financiamiento de las campañas electorales y prohibir tajantemente el uso de recursos públicos en la promoción de los funcionarios.
El derroche de las ‘corcholatas’ le mostró al país cuánto respeto le merecieron tales regulaciones.
Gastaron inmensas cantidades de dinero e informaron haber gastado centavos en las campañas.
Ya vivíamos en el régimen de la 4T, el de la nueva hegemonía en el país, cuyos integrantes, los de la cúpula, son acaso más desvergonzados que los de la antigua, muchos de los cuales hacia allá migraron alegremente y pronto, muy pronto, ocuparon los principales espacios del poder.
Todo lo anterior forma parte del escenario local, los actores políticos, de los dos grandes bloques en disputa, unos más que otros -¿Será, acaso, que depende de lo que traigan sus carteras?- despliegan actividades proselitistas, en lo bajo y lo discreto, y aparecen en bardas con las que parecen ser sus imágenes.
Ante el escándalo desatado (y los naturales cuestionamientos sobre el financiamiento de ellos) por la aparición de infinidad de espectaculares desplegados en todo el territorio estatal, hasta hace unas semanas, ahora optaron por esta clase de anuncios, pero los cuestionamientos son los mismos:
¿Quién sufraga tantos gastos político-electorales?
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Columnas de Plata de la Asociación de Periodistas de Cd. Juárez
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