*Detención de Murillo Karam: distractor, estrategia electoral y venganza política.
*Ayuda extranjera en rescate de mineros, una solicitud tardía.
*Modificación a los contenidos de la enseñanza básica: un proyecto político ideológico.
*Opinión de Ken Salazar sobre inseguridad: una advertencia preocupante.
Sin duda, la reciente detención del ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, bajo acusaciones de supuesto delito contra la administración de justicia, por el supuesto falseamiento en la construcción de la verdad histórica del conocido caso Ayotzinapa, constituye una más de las acciones que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador ha desplegado en contra de ex funcionarios del gobierno anterior. La andanada de ofensivas jurídicas emprendidas por el actual gobierno ha sido, en la opinión de muchos analistas, producto de un plan que no precisamente se relaciona con la justicia, sino con las pretensiones mercadotécnicas y político-electorales que mueven al presidente a hacer un uso ilimitado de su poder con el doble fin de distraer a la opinión pública de sus yerros gubernamentales, así como para apuntalar electoralmente a su partido político –MORENA-, todo esto bajo la supuesta bandera de lucha anticorrupción.
Tarde, quizá muy tarde, el presidente López Obrador venció su orgullo personal y aceptó y solicitó la ayuda extranjera en las operaciones de rescate de los mineros atrapados en la mina de carbón “El Pinabete”, en Sabinas, Coahuila. Luego de dos semanas de infructuosos resultados por parte del gobierno federal y su aparato de rescate conformado por miembros de las fuerzas armadas, Protección Civil y diversas dependencias. Según trascendió, desde la ocurrencia de la tragedia México recibió ofrecimiento de ayuda extranjera que el presidente se negó a recibir argumentando la autosuficiencia y capacidad del personal de rescate mexicano, sin embargo, al paso de los días se vio que el esfuerzo del gobierno mexicano no dio resultados. Así, ante la presión mediática, así como debido a la desesperación y reclamo de los familiares de los mineros, y ante el costo político del desacierto cometido, López Obrador no tuvo más alternativa que abandonar su arrogancia y pedir la ayuda de Estados Unidos y Alemania para intentar rescatar a los mineros, quienes ya llevan más de 16 días atrapados en la mina, con condiciones de escasez de oxígeno, exceso de agua y falta de alimentos.
Muy cuestionado ha sido el nuevo modelo en los contenidos educativos de enseñanza básica que pretende poner en marcha el presidente López Obrador, ya que se cuestiona el sentido político-ideológico de dicho proyecto. El mandatario ha sido reiterativo en su discurso contra lo que el llama el “conservadurismo”, el “neoliberalismo”, el “aspiracionismo”, e incluso ha dejado entrever cierto recelo hacia la libertad de empresa y la iniciativa privada. Al parecer, los nuevos contenidos académicos que el presidente ha comenzado a implantar en México contravienen abiertamente algunos de los valores, principios y filosofía característicos del libre mercado, el derecho a la propiedad individual y la apertura económica bajo los cuales viven hoy la mayoría de los países del mundo -incluyendo a China y Rusia, entre otros-.
Claro y sin ambages fue el mensaje dado recientemente por el embajador norteamericano en nuestro país, Ken Salazar, al hablar ante un grupo de empresarios mexicanos respecto a la inseguridad que azota a México. Salazar fue muy directo y contundente en su intervención ocurrida unos días después de la avalancha de asesinatos indiscriminados, así como de incendios cometidos contra personas civiles y establecimientos comerciales, automóviles y autobuses en varios estados del país como Chihuahua, Guanajuato, Jalisco y Baja California. El diplomático estadounidense no solo dijo que su país y el nuestro deben trabajar conjuntamente en el combate a la inseguridad, sino que añadió que debido la situación actual se están enfriando las inversiones de empresas norteamericanas en México, y finalmente sentenció que ya es tiempo de que haya resultados en el renglón de la seguridad, todo esto con un evidente matiz reprobatorio hacia la política “de abrazos y no balazos” sostenida por el presidente López Obrador.
