*2 de junio de 2024: el triunfo de la oposición en el Congreso salvaría a México.
La elección del presente año definirá una cantidad considerable de puestos públicos, entre los cuales se encuentran, además de la titularidad de la Presidencia de la República, las diputaciones y senadurías del Congreso Federal conformado por las cámaras Diputados y Senadores. Es sabido que durante su gobierno el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido (MORENA), en reiteradas ocasiones han tratado de transgredir el proceso legislativo, con el afán de imponer a ultranza, así como a contrapelo de las normas jurídicas, algunas iniciativas de ley y de reformas constitucionales.
Reformas e iniciativas algunas de las cuales han sido impugnadas por la oposición, y declaradas inconstitucionales e inválidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en virtud de contener vicios de origen, y por su contravención a la norma constitucional, es decir, por ir en contra de lo que la Constitución permite. No obstante el apego al derecho y la razón de las decisiones de la SCJN, éstas nunca han sido del agrado del presidente López Obrador y su partido, quienes al ver obstaculizadas sus pretensiones han emprendido una campaña de desprestigio en contra de ese máximo tribunal de México y cabeza del Poder Judicial.
Tal campaña ha llegado a un punto extremo, pues más allá de las infundadas descalificaciones y señalamientos dirigidos contra la SCJN por el mandatario y los principales actores de su gobierno, ahora éstos pretenden introducir una lesiva reforma constitucional, que eliminaría la independencia y autonomía del Poder Judicial Federal. Tal iniciativa de reforma terminaría por demoler la estabilidad jurídico-política de la nación, ya que a través de ella se pretende someter a voto popular la designación de los jueces, magistrados y ministros integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De llegar a concretarse esta pretensión el Estado mexicano perdería su estructura democtática de equilibrio jurídico-político fundamental conocida como división de poderes, y se extinguiría la imparcialidad del sistema de impartición de justicia, pues el Poder Judicial quedaría subordinado a intereses político-partidistas, y podría ser avasallado por el gobernante en turno, lo que de facto daría paso a una dictadura.
Así, la eliminación de la SCJN se ha convertido en el objetivo más codiciado del presidente López Obrador y sus partidarios, quienes están empeñados en demolerla para crear un Poder Judicial a modo. Para la consecución de ese anhelado fin el proyecto del presidente tendría que contar con la aprobación del Congreso Federal, ya que el Poder Legislativo es el órgano del Estado facultado para efectuar cambios a la Constitución. Debido a la actual coyuntura histórica, así como a las funciones del Poder Legislativo, su composición resultante del actual proceso electoral será determinante para el futuro del país.
Es evidente que México está en riesgo de sufrir un perjudicial retroceso, ya que una real amenaza acecha al marco institucional que garantiza la división de poderes y nuestro régimen de justicia, libertad y democracia. Este riesgo sólo podría ser eliminado si el 2 de junio del presente año la alianza conformada por los partidos de oposición (PAN-PRI-PRD) obtiene la mayoría de los escaños en la Cámara de Diputados y el Senado.
