No se ponen de acuerdo / O sí espían a Duarte / Quieren ayudar, no los dejan / En soberbia, pero disculpa
TODO PARECE indicar que, por lo menos, no existe una sincronía entre el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya, y el fiscal general, César Jáuregui, ante la recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) por el supuesto “doble espionaje” al exgobernador César Duarte Jáquez.
La CEDH establece que el Estado debe revisar la vigilancia que se ejerce sobre el exmandatario, quien enfrenta su proceso penal en su domicilio. El secretario de Seguridad dijo que se acatará parcialmente la recomendación; sin embargo, el fiscal afirmó que no se aceptará, pues “no existe doble vigilancia” sobre Duarte.
Es un tema delicado, no sólo por el mandato de la CEDH -que puede o no tener razón-, sino por tratarse del personaje más controvertido en Chihuahua durante los últimos quince años.
Además, nunca antes la Comisión había emitido una recomendación de ese tipo: una doble vigilancia sobre un procesado. La medida podría implicar violaciones a derechos fundamentales relacionados con la privacidad y la limitada “libertad” que el propio juez le ha concedido bajo medidas cautelares.
Bajo esas circunstancias se entienden los posicionamientos discordantes de ambos funcionarios del gabinete de la gobernadora María Eugenia Campos Galván. A final de cuentas, aún no queda claro si existe realmente esa doble vigilancia o si se trata de un presunto espionaje, como sugiere la defensa del exgobernador.
Lo importante es saber qué ordenó el juez, quién debe cumplirla y evitar interpretaciones que sólo generan confusión.
MILES de mexicanos han mostrado su solidaridad con los damnificados por las torrenciales lluvias en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Esa disposición de ayudar es una constante histórica: cuando las tragedias golpean, los mexicanos responden con generosidad y empatía.
Sin embargo, en esta ocasión el Gobierno Federal ha determinado que los apoyos no se entreguen directamente, ni siquiera por organizaciones sociales o instituciones de prestigio como la Cruz Roja.
Todo debe canalizarse a través del Ejército y, finalmente, por medio de los “servidores de la nación”, quienes son los encargados de distribuir la ayuda a los damnificados.
Una decisión que, a todas luces, tiene un tinte político-electoral, tal como ocurrió con la tragedia del huracán Otis, cuando los apoyos ciudadanos se entregaron con el sello y color guinda de la Cuarta Transformación. Así pasó, y lamentablemente vuelve a repetirse.
EL REGIDOR de Morena, Miguel Riggs Baeza, resistió todo lo que pudo. Incluso cayó en desacato, pero finalmente ofreció la disculpa pública que le ordenó el Tribunal Estatal Electoral (TEE) por haber ejercido violencia política de género contra la síndica capitalina, Olivia Franco Barragán.
El expanista y exemecista aguantó con ironía y soberbia hasta donde le fue posible, pero terminó por ceder para evitar sanciones mayores. Su disculpa sonó forzada, poco convincente, pero al final fue aceptada.
El agravio ocurrió en enero, durante una reunión de la Comisión de Hacienda, cuando Riggs llamó “pendeja” a la síndica. El calificativo quedó grabado en audio y video.
En aquel momento se negó a disculparse, lo que derivó en denuncias, impugnaciones y resoluciones judiciales.
Finalmente, la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal ordenó al tribunal local exigirle una disculpa pública y su inscripción en la lista nacional de violentadores políticos.Tarde, sin entusiasmo, pero cumplió.
