Desde 2018, el proyecto político denominado Cuarta Transformación (4T) ha impulsado una de las reconfiguraciones institucionales más profundas en la historia contemporánea de México
Desde 2018, el proyecto político denominado Cuarta Transformación (4T) ha impulsado una de las reconfiguraciones institucionales más profundas en la historia contemporánea de México, tanto que hoy podemos hablar ya de un verdadero cambio de régimen político, jurídico y económico. Bajo los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente Claudia Sheinbaum, se han promovido reformas constitucionales, legales y administrativas orientadas a redefinir la relación entre el Estado, la sociedad y el mercado, con énfasis en justicia social, combate a la corrupción y fortalecimiento del poder público, aunque muchas de ellas se han quedado solo en buenas intenciones plasmadas en papel.
Dentro de este proceso destacan especialmente las reformas legislativas estructurales y, de manera más polémica, la reforma judicial de 2024, considerada una transformación sin precedentes en el sistema jurídico mexicano.
El impacto de estas reformas no es homogéneo. En entidades fronterizas como Chihuahua —y particularmente en Ciudad Juárez— los efectos adquieren características específicas debido a factores como la dinámica maquiladora, la violencia estructural, la cercanía con Estados Unidos y la debilidad histórica de las instituciones de justicia.
Así pues, mientras en México se habla mucho de transformación, en Ciudad Juárez se sobrevive a ella. Mientras en la capital del país se aprueban reformas que luego se celebran como si fueran victorias históricas, en la frontera norte esas mismas decisiones se traducen en algo mucho más tangible: inseguridad, miedo, desempleo e incertidumbre. Aquí no hay narrativa esperanzadora; hay consecuencias.
Juárez cerró 2025 con casi mil homicidios y, si bien esa cifra acusa una importante disminución respecto de 2024, no es solo un número: es una rutina, es la normalización de la inseguridad, es el sonido de fondo de una ciudad que lleva décadas aprendiendo a vivir con la violencia como si fuera el clima. Una violencia que no desaparece, solo cambia de forma, se contrae, se expande, se reorganiza y se adapta.
Y en ese contexto —no en el abstracto de los debates legislativos— el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación decidió reinventar su sistema judicial argumentando una corrupción rampante y supuestos ahorros financieros. Elegir jueces por voto popular, que no dependieran de la voluntad de cúpulas de poder, y, hay que decirlo, en el papel la idea sonaba bien… hasta que se aterrizó.
Porque en un país donde las campañas políticas ya están infiltradas, donde el dinero ilegal circula con facilidad y donde el crimen organizado no pide permiso, la pregunta no es si la reforma es democrática, sino quién va a elegir realmente a esos jueces. Y peor aún: a quién le van a deber el cargo.
La reforma judicial se presenta como una solución a la corrupción, pero corre el riesgo de convertirse en algo más peligroso: la institucionalización de la influencia, la sustitución de la capacidad técnico-jurídica por la popularidad. No es paranoia irreflexiva, es lógica pura.
La reforma que impuso la elección de jueces por voto popular se vendió como un avance democrático. Pero, como advirtió en su momento el análisis del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, está latente el riesgo de “afectar la independencia judicial y politizar la impartición de justicia” (IIJ-UNAM, 2024: Análisis de la reforma judicial en México).
El sistema de justicia en México no ha fallado por falta de leyes, ha fallado por falta de Estado. Se pueden cambiar las reglas todas las veces que se quiera, pero si quienes las aplican están subordinados, presionados, cooptados o rebasados, el resultado será el mismo: ausencia de justicia. O peor. Juárez es la prueba viviente de los anteriores razonamientos.
Mientras el gobierno presume aumentos salariales —que son reales— la ciudad pierde empleos a una velocidad alarmante: más de 60 mil en menos de dos años y el cierre de más de 700 empresas, la mayoría de ellas PyMES. La maquila produce más, pero necesita menos gente. Y entonces surge la pregunta incómoda: ¿qué pasa con quienes se quedan fuera? Sin empleo, sin oportunidades y en un entorno donde la violencia sigue siendo una opción disponible, el riesgo no es teórico: es real, es cotidiano.
La inversión, pues, también está hablando. Cuando las reglas cambian sin claridad ni certeza, la inversión se detiene o se va, y eso es lo que está ocurriendo en Juárez. No hay ideología en eso; es simple cálculo, son matemáticas esenciales. La certeza jurídica es el suelo mínimo sobre el que se construye cualquier economía funcional. Debilitarla no empodera al Estado; al contrario, lo expone y lo debilita.
La Cuarta Transformación ha decidido redistribuir los recursos y eso, en un país con profundas desigualdades, es necesario, pero redistribuir sin crecimiento económico sostenido es como repartir agua en un recipiente roto: sirve por un momento, pero no resuelve nada de fondo.
El proyecto de la Cuarta Transformación busca redefinir el modelo de Estado mexicano hacia uno más social y participativo. Sin embargo, sus reformas —especialmente en el ámbito judicial y económico— implican riesgos estructurales significativos que amenazan con fracturar instituciones esenciales en cualquier sociedad.
Si a eso le sumamos que la falta de certeza jurídica no solo frena o ahuyenta la inversión, sino que también impacta directamente a los ciudadanos que ya no disponen de mecanismos mínimos para defenderse de abusos de autoridad o de particulares que pretendan despojarlos de sus propiedades o afectar su integridad física, el panorama es más delicado. Nos colocan en medio de la ley de la selva, y el león es Morena.
Juárez está llena de esos momentos: apoyos que alivian, pero no cambian el fondo del estado de cosas; salarios que suben, pero empleos que desaparecen; reformas que prometen, pero instituciones que no responden. Y en medio de todo eso, la criminalidad sigue ahí, esperando, adaptándose, ganando terreno, porque la violencia no necesita reformas: necesita vacíos, y México le está dando varios.
En materia económica, Ciudad Juárez presenta una paradoja muy clara: mayor producción, pero menor empleo; es decir, crecimiento productivo con deterioro laboral.
Las reformas impulsadas por la Cuarta Transformación representan un punto de inflexión en la historia institucional de México. Su alcance es profundo y sus efectos aún están en desarrollo, aunque hasta el momento el impacto ha sido mayormente negativo.
En Chihuahua, y particularmente en Ciudad Juárez, estas transformaciones no solo reconfiguran estructuras legales, sino que inciden directamente en la seguridad, la economía y la vida cotidiana. Lo más preocupante no es que el país esté cambiando —eso es inevitable—, sino la velocidad y la dirección de ese cambio.
Se están moviendo piezas fundamentales del sistema —justicia, economía, reglas del juego— sin que exista una base institucional sólida que las sostenga, y alejando a la ciudadanía de órganos de vigilancia y fiscalización. Eso es muy peligroso, porque es como rediseñar un edificio mientras ya está habitado… y con grietas en los cimientos.
Juárez no es una excepción, es una advertencia. Es el lugar donde se ve, sin filtros, lo que pasa cuando las decisiones nacionales chocan con realidades locales complejas. Y lo que ya se ve no es alentador.
Porque, al final del día, la transformación no se mide en discursos ni en reformas aprobadas. Se mide en si la gente vive mejor, más segura, con más oportunidades.
Y hoy, en Ciudad Juárez, esa promesa sigue sin cumplirse. México puede darse el lujo de experimentar. Juárez, no.
