La diputada federal Graciela Ortiz González solicitó a la Secretaría de Gobernación un informe detallado sobre los avances de implementación del decreto en materia de fortalecimiento de la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, publicado el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación.
A través de un Punto de Acuerdo dirigido a la Comisión Permanente, la legisladora señaló que los plazos establecidos en los artículos transitorios del decreto ya vencieron o se encuentran en fase final de cumplimiento. Entre los aspectos pendientes destacan la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la armonización de las legislaciones estatales y la integración de registros de panteones, fosas comunes, crematorios y servicios funerarios al Sistema Nacional de Búsqueda.
La congresista del PRI señaló que estas obligaciones constituyen mandatos legales vigentes cuyo cumplimiento es indispensable para que el Estado mexicano ejerza sus funciones de búsqueda, identificación y acceso a la verdad.
«En un país con más de cien mil personas desaparecidas y miles de cuerpos sin identificar, el incumplimiento de estos transitorios no es una falta administrativa: es una violación continuada a los derechos humanos de las víctimas y de sus familias», afirmó Ortiz González.
La legisladora sostuvo que el Congreso de la Unión no puede permanecer ajeno al grado real de implementación de estas reformas. Advirtió que el Congreso no puede permitir que una reforma que prometió verdad, coordinación y tecnología se convierta en una simulación burocrática.
La representante del PRI especificó que la Secretaría de Gobernación debe informar sobre el estado de operación de la Plataforma Única de Identidad y su vinculación con el Sistema Nacional de Búsqueda, la implementación del Sistema Nacional de Alerta, Búsqueda y Localización de Personas, así como las acciones de coordinación, supervisión y verificación realizadas para garantizar que las entidades federativas y los municipios cumplan con sus obligaciones.
También exhortó a la Fiscalía General de la República y a las fiscalías locales a informar si la Base Nacional de Carpetas de Investigación se encuentra operativa y en uso conforme a los plazos legales. Solicitó que se señale el porcentaje de fiscalías locales y especializadas que han integrado su información dentro de los plazos establecidos, así como el estado de actualización, interoperabilidad y cobertura del Banco Nacional de Datos Forenses.
Asimismo, pidió a los congresos de las entidades federativas que informen si han cumplido con la armonización de su legislación local en materia de desaparición de personas y si han implementado en su marco jurídico el contenido del decreto, particularmente lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley General, además de las reformas para regular panteones, cementerios, crematorios, fosas comunes y servicios funerarios.
La diputada sostuvo que exigir cuentas sobre la implementación de estas reformas es un deber constitucional frente a las familias que siguen buscando a quienes el Estado aún no ha sido capaz de encontrar.
