Parecía inconmensurable que el grupo gobernante se atreviera a tanto en el nombramiento del nuevo presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Prácticamente ninguno de los antecesores, ocupantes de la silla principal de Palacio se había atrevido a llevar hasta ese lugar a alguien que hubiese ocupado carteras importantes en la disputa política ni, tampoco, que se hubiese desempeñado en los cargos públicos como los que ha ocupado quien emergió como el favorito para ocupar la CEDH.
Es de tal magnitud el despropósito que se asemeja al que ocurriría si Claudia Sheinbaum ganara la elección y decidiera desaparecer el Instituto de Transparencia para que sus funciones las asumiera la secretaría “Anticorrupción” y que designara como titular al exgobernador Javier Corral.
Se conviene que no tienen similitud en la importancia y facultades entre ambos organismos, pero el intentarlo evidencia que sólo hay diferencias de matiz entre lo que pretenden efectuar los dos bloques políticos que se disputan la Presidencia de la República.
Sí, porque el morenista desea desaparecer los organismos autónomos y los de oposición solo desean hacer lo que antes del 2018 efectuaron sin miramientos: Coparlos con integrantes de sus propios grupos políticos y expulsar de ahí a los integrantes de la sociedad civil.
La oposición recibió con muy acres críticas la designación de la morenista Rosario Piedra Ibarra al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y hoy pretenden ungir en la versión local al exalcalde juarense -por el PRI-, excandidato a la Presidencia Municipal, primero por Morena y luego por el PAN, además de haberse desempeñado como secretario de Educación en el actual gobierno.
¿Acaso la clase política chihuahuense aprecia algo que muchos, en la sociedad, no aprecian?
Primero fue “SuperMocken” en el morenismo y luego le encontraron múltiples cualidades como para desempeñarse en distintos cargos.
Es probable que así sea, el problema es que los organismos defensores de los derechos humanos fueron concebidos para acotar los excesos de las autoridades, cometidos contra la ciudadanía; e iniciar los procedimientos necesarios para que dichos actos fuesen castigados.
Para ello, es obvio, se necesita, al frente de esos organismos, a funcionarios que no tuviesen nexos con los gobernantes en turno, para que pudiesen actuar con la mayor imparcialidad posible.
Dicho en más “mexicano”, para que no les ordenasen qué hacer, desde Palacio, ya fuere de la silla principal, o de cualquiera con algún poder en ese recinto, o fuera de él.
Sorprende, por otra parte, que para obtener tal designación se recurra a procedimientos semejantes a los efectuados por el presidente López Obrador, tan criticados por la oposición. Claro, allá, en la CDMX:
“Javier González Mocken, aspirante a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quien cuenta sólo con licenciatura, quedó por encima de personas que cuentan con doctorado, hasta dos doctorados, capacitación y altos grados académicos en materia de derechos humanos. Así lo señaló el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada…”. (Nota de César Lozano, El Diario, 3/4/24).
¡Las paradojas que nos regala la clase política!
Mientras que en el Congreso de la Unión los diputados compañeros del líder Estrada son los que hacen las maniobras “gandallistas”, aquí protesta contra unas acciones semejantes, y los de la oposición allá, que protestan por tanta marrullería, acá las hacen.
¿A cuál irle?
Increíble, “Estrada Sotelo mencionó que en la evaluación curricular, Javier González Mocken quedó en el lugar 17…”. (Ibídem).
Más aún, en el sexenio de las titulares femeninas en los cargos más importantes de la entidad, el bloque PAN-PRI-MC se negó a designar a una mujer en ese cargo.
Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023
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