Persiste bloqueo para la SB4, que permite a corporaciones policiacas detener a indocumentados
Uriel J. García / The Texas Tribune
En un fallo la noche del jueves, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos continuó bloqueando a Texas de hacer cumplir una ley de inmigración de 2023 que permitiría a la Policía local arrestar a personas que sospechen cruzaron la frontera Texas-México ilegalmente.
Un panel de tres jueces de la Corte con sede en Nueva Orleans emitió un fallo 2-1 de que la ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 4, entra en conflicto con la ley federal. La Corte también reforzó el papel principal del Gobierno federal en la aplicación de la ley migratoria.
“Durante casi 150 años, la Corte Suprema ha reconocido que el poder para controlar la inmigración –la entrada, admisión y remoción de extranjeros– es exclusivamente una facultad federal”, dice el fallo.
Después de que la Legislatura de Texas aprobó SB 4 en 2023, la administración Biden presentó una demanda para bloquearla. Un juez del Distrito de Estados Unidos se puso del lado de la administración, luego Texas apeló ese fallo.
A principios de este año, la administración Trump retiró el desafío legal del Gobierno federal a la ley.
La demanda continuó, sin embargo, porque el Condado de El Paso y dos grupos de derechos de inmigrantes –American Gateways con sede en Austin y Las Americas Immigrant Advocacy Center con sede en El Paso– continuaron con su desafío.
Los grupos están siendo representados por abogados del Texas Civil Rights Project.
La ley haría que sea un crimen estatal cruzar la frontera Texas-México entre puertos de entrada. Si un oficial de Policía cree tener evidencia de que una persona cruzó ilegalmente el Río Grande, esa persona podría ser acusada de un delito menor de Clase B, que conlleva un castigo de hasta seis meses en prisión. Para ofensas subsecuentes, la persona podría ser acusada de un delito grave de segundo grado y enfrentar hasta 20 años en prisión.
La ley dice que si el migrante es condenado y ha cumplido su sentencia, un juez debe ordenar a la Policía que lo transporte a un puerto de entrada para su remoción del país. Un juez podría retirar los cargos si un migrante voluntariamente acepta regresar a México.
