Se trata de una medida que abarca a exempleados de la empresa bajo la presunción de que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita
Orlando Chávez / El Diario
La Fiscalía General del Estado inició un proceso de extinción de dominio para que los bienes de exempleados de Aras y de la empresa pasen a propiedad estatal. En total son 123 los predios y construcciones que fueron incluidos en el proceso. Al respecto la representante de la empresa, Ericka Jasso, expuso la Fiscalía tiene un plazo de cuatro meses para justificar la aplicación de esta medida.
Según comentó la abogada, se trata de una medida que abarca a exempleados de la empresa bajo la presunción de que fueron adquiridos con recursos de procedencia ilícita, por lo que varios de los propietarios han recurrido al amparo.
De acuerdo con el listado la solicitud del registro de las propiedades que están en el proceso de extinción de dominio fue realizado el 26 de diciembre del año pasado con el oficio 3736/2024, del expediente 793/2024 y precisa que es contra la empresa Aras y varios particulares.
En la lista figuran las propiedades que están localizadas en el municipio de Chihuahua y en Aldama y van desde predios en San Charbel a casas en la colonia San Felipe, Bosques de San Francisco, Lomas del Valle, Residencial Albaterra, entre otros, además de edificios que habían sido identificados como propiedad de la empresa como personal moral.
Al respecto la abogada representante de Aras Business Group explicó que se trata de un asunto que es complicado que pueda realizarse, debido a que las autoridades deben demostrar que los bienes fueron adquiridos con recursos provenientes de un ilícito. Precisó que si bien es un tema que está relacionado con el proceso que enfrenta Aras como persona moral, lleva una vía independiente.
Mencionó que varios de los exempleados de Aras han solicitado amparos para evitar perder sus bienes.
Por su parte el abogado de uno de los grupos de demandantes de la empresa Aras, Felipe Acosta, señaló que existen alrededor de 540 millones en bienes que son de la empresa y que no tienen más información del proceso alterno que comenzó la Fiscalía General en diciembre.
Apuntó que en este caso prefieren que no sea aplicada la extinción de dominio, ya que resulta más conveniente que el asunto se mantenga entre particulares, ya que no está definido cuales serían las implicaciones de que sean bienes estatales.
Sin embargo advirtió que los bienes de la empresa que están asegurados han ido disminuyendo, ya que hay particulares con amparos han logrado que se les reconozca la propiedad, lo que afecta a las víctimas.
