Recientemente, en artículos publicados en revistas especializadas, cuando se toca el tema de economía circular, es frecuente que se presente como una solución automática a la crisis de residuos. Sin embargo, en la práctica, el concepto suele utilizarse de forma ambigua, con definiciones poco claras y resultados difíciles de comprobar.
Frente a este escenario, el “Plan de Acción para la Circularidad con Calidad”, impulsado por Cristina Cortinas, plantea un enfoque necesario: ordenar, medir y verificar lo que realmente significa avanzar hacia la economía circular.
Durante años, términos como reciclaje, reutilización o valorización se han utilizado de manera indistinta. Esta falta de precisión ha permitido que múltiples acciones se presenten como sostenibles sin serlo plenamente, abriendo espacio a prácticas de “greenwashing”, donde la narrativa ambiental no siempre corresponde con los resultados reales.
-Un paréntesis sobre el greenwashing (o “lavado verde”)- es una práctica en la que una empresa, institución o producto se presenta como ecológico o ambientalmente responsable, cuando en realidad no lo es del todo o no hay evidencia suficiente que lo respalde.
Consiste en usar estrategias de comunicación, marketing o imagen para dar una percepción “verde” sin que existan acciones reales proporcionales.
Debemos ser conscientes de que no basta con reciclar más, sino con asegurar que los materiales efectivamente regresen a cadenas productivas útiles, bajo criterios técnicos verificables y con trazabilidad. Es decir, pasar de la intención a la evidencia.
En ese sentido, la responsabilidad no puede recaer en un solo actor. La gestión de residuos requiere corresponsabilidad entre productores, autoridades y consumidores, con funciones definidas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos.
Asimismo, la medición de resultados es indispensable. Sin indicadores claros sobre recuperación de materiales, reducción de residuos y aprovechamiento real, la economía circular corre el riesgo de convertirse en un concepto meramente aspiracional.
Implementar una circularidad con calidad implica regulación, vigilancia y voluntad institucional, pero sobre todo coherencia. Con una meta común: reducir el impacto ambiental.
No tengo duda de que este plan es un llamado a la precisión y a la responsabilidad en la política ambiental. Su aporte central es insistir en que la economía circular debe sustentarse en reglas claras, procesos verificables y resultados medibles, no en discursos.
La discusión ya no es si la economía circular es deseable, sino bajo qué condiciones puede funcionar realmente. En base a esto debemos accionar.
