En cada tragedia se entretejen decenas de historias humanas que confluyen hasta su culminación
En cada tragedia se entretejen decenas de historias humanas que confluyen hasta su culminación, pero pocas como la que ocurrió en Uruapan, Michoacán, la noche del sábado 1 de noviembre, y que cimbró al país entero, primero, y luego al resto del mundo, dando pie a un poderoso movimiento social que, bien a bien, aún se desconocen sus reales alcances, y del que la clase política y gobernante de México está muy al pendiente.
El artero asesinato del que fue objeto el entonces alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, tocó las fibras más sensibles de la sociedad mexicana ante la evidente impotencia del gobierno mexicano por evitar la tragedia, a pesar de los reiterados llamados de auxilio que el político michoacano había emitido en repetidas ocasiones previo a su muerte. En el ambiente aun flota esa agobiante sensación de indolencia, de impotencia, de incapacidad, de dolor, de rebeldía ante lo que muchos creen firmemente que se podía haber evitado.
En una amplia región (Michoacán, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca) asolada por el crimen organizado, en la que el gobierno mexicano (federal y estatal) no solo ha sido completamente incapaz de poner orden e imponer la Ley, sino que además se han mostrado indiferentes, indolentes, omisos, casi ajenos a las constantes llamadas de auxilio de agricultores, ganaderos, comerciantes y ciudadanos por los extremos niveles de inseguridad que a diario padecen.
Desde tomas de carreteras, incendios de sus sembradíos, confiscación ilegal de sus cosechas, saqueo de comunidades enteras, cobro de piso a comerciantes, asaltos en carreteras, hasta todo lo que usted pueda imaginar han tenido que padecer los habitantes de esa región del país, así como otras del norte y sur del territorio mexicano. Casi todo. Y ninguna autoridad ha sido capaz de garantizarles paz, seguridad, tranquilidad, bienestar. Ninguna. Es más, se han negado a escuchar sus demandas, ni siquiera eso han querido hacer.
Ese es el contexto general en medio del que se gesta el atroz crimen de Carlos Manzo, un hombre muy apreciado en Michoacán precisamente por su estilo de hacer política. Pero ¿Quién era y de dónde venía este singular hombre?
Carlos Alberto Manzo Rodríguez nació el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán. Cursó la licenciatura en Ciencias Políticas y Gestión Pública en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO). En 2017-2018 fungió como auditor del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán.
En 2021 fue electo diputado federal por el Distrito 9 de Michoacán para la LXV Legislatura, mediante el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena). El 1 de septiembre de 2024 asumió como presidente municipal (alcalde) de Uruapan por la vía independiente convirtiéndose así en el primer alcalde de Uruapan electo como candidato independiente.
Su candidatura independiente y victoria con amplio margen (se habla de aproximadamente 66 % de votos) fue vista como un reto al sistema de partidos tradicionales en Uruapan. Se definía como “activista social y medioambiental” y en su comunicación personal señalaba-se cercano a la gente, con publicaciones supervisando obras públicas, servicios, alumbrado, drenaje en colonias vulnerables.
En materia de seguridad, adoptó una postura pública firme contra el crimen organizado. Denunció la presencia de grupos armados, advirtió que “el Estado había perdido el control”, solicitó la intervención del Ejército y Marina para apoyo. Fue comparado en algunos medios con el estilo de Nayib Bukele (presidente de El Salvador) por su discurso de “cero tolerancia” y mano dura contra el crimen, rápidamente fue “bautizado” mediáticamente como el “Bukele mexicano”.
En todo ese contexto y sus antecedentes, el 1 de noviembre de 2025, durante el tradicional “Festival de las Velas” en Uruapan, Carlos Manzo fue asesinado a balazos durante un acto público.
El sábado 1 de noviembre de 2025, Uruapan celebraba el Festival de las Velas, una de las tradiciones más emblemáticas del Día de Muertos. En la plaza principal, el alcalde inauguró el evento rodeado de familias, comerciantes y funcionarios municipales. La noche parecía festiva, hasta que, cerca de las 20:10 horas, los disparos rompieron la música y los aplausos. En medio de los fuegos artificiales, un hombre joven se acercó y abrió fuego contra el edil. Tres impactos: dos en el abdomen y uno en el brazo. La multitud corrió en pánico mientras los escoltas repelían la agresión.
Carlos Manzo fue trasladado de urgencia al Hospital Fray Juan de San Miguel, donde falleció a las 20:50 horas. Uno de los atacantes murió en el lugar y otros dos fueron detenidos. La noticia se esparció rápidamente por las redes sociales y los medios nacionales. El mensaje era claro: ni los símbolos de autoridad local están a salvo.
La Fiscalía de Michoacán confirmó el asesinato y prometió una investigación exhaustiva. Sin embargo, desde las primeras horas, la ciudadanía expresó escepticismo. No era el primer funcionario asesinado en la región, y la impunidad parecía una constante. Se supo luego que el agresor abatido era un joven de 17 años presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los indicios apuntaban a una represalia, aunque no se descartaron líneas políticas. El Secretario de Seguridad Pública Federal, Omar García Harfush ha sido enfático en señalar que no se descarta ninguna línea de investigación.
La muerte de Manzo provocó una ola de indignación. En redes sociales, miles de ciudadanos exigieron justicia y denunciaron el abandono del estado frente al crimen organizado. El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla enfrentó críticas por la falta de coordinación con los municipios y la ausencia de resultados en materia de seguridad. A nivel federal, el hecho encendió nuevamente el debate sobre la vulnerabilidad de los alcaldes y la infiltración del narco en la política.
A raíz de su asesinato, de inmediato se generó una fuerte conmoción pública, movilizaciones en su nombre y un reclamo de justicia que evidencia el riesgo que enfrentan los funcionarios locales en regiones con alta incidencia criminal. Al día siguiente de su muerte, en diferentes puntos del país, se realizaron marchas en protesta y demanda de justicia, Ciudad Juárez no fue la excepción, el domingo 2 diversas organizaciones ciudadanas realizaron una marcha en las calles de la ciudad.
La figura de Carlos Manzo se recuerda hoy como la de un político que quiso romper con las prácticas tradicionales, con un discurso de cambio, disruptivo, de cercanía con la gente y de enfrentar al crimen organizado, lo cual lo puso en una situación extremadamente vulnerable.
Carlos Manzo representa una combinación difícil de lograr en el escenario mexicano: un joven político (nacido en 1985), con formación académica, con trayectoria tanto en administración pública como en el Congreso, que decide salirse del partido -o al menos ir como independiente- para gobernar directamente a su ciudad, y decide luchar públicamente una batalla por la seguridad, en un ambiente adverso. Su proyecto era ambicioso en un contexto tan difícil.
Sin embargo, esa misma combinación de visibilidad, de discurso de confrontación y de elección independiente en un entorno con estructuras muy arraigadas le generó una exposición particularmente alta. Su muerte sirve como crudo recordatorio del riesgo político-personal que conlleva gobernar en zonas con fuerte presencia del crimen organizado y una total ausencia del gobierno mexicano y, por tanto, del Estado de Derecho.
El programa de Pido la Palabra que conduzco junto a mi colega periodista Alba González en el canal 44, que se transmite hoy a las 10 de la mañana, estaba destinado a entrevistar a Carlos Manzo, luego de poco más de dos meses de gestiones con él y su equipo de comunicación, pero las trágicas circunstancias ya no lo permitieron, sin embargo, con mayor razón abordamos el tema en una mesa de análisis con periodistas.
El asesinato de Carlos Manzo no fue un hecho aislado, sino el reflejo de un sistema debilitado. En Michoacán, como en otras regiones del país, el poder local se encuentra atrapado entre la violencia criminal y la indiferencia institucional. Los alcaldes, sobre todo los que intentan actuar con independencia o romper pactos previos, se convierten en objetivos fatales.
El crimen de Manzo simboliza la derrota del Estado frente a la violencia organizada, pero también la resistencia de una sociedad que no se resigna. Uruapan se convirtió, esa noche de noviembre, en un espejo del país: una nación que honra a sus muertos mientras pierde a sus vivos a manos de la impunidad. La justicia, más que un reclamo, es una deuda que México sigue posponiendo.
