En vísperas de la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), distintas organizaciones alertaron sobre las graves implicaciones de distintas reformas que el senador Ricardo Monreal buscaba fueran aprobadas como parte de la implementación del TMEC.
Y es que, de acuerdo con dichas organizaciones, las modificaciones impulsadas por el coordinador de la bancada de Morena en el Senado (para su aprobación ‘fast track’) atentan contra la libertad de expresión y los derechos digitales de los usuarios; esto, al adoptar un mecanismo de censura en Internet y sanciones que pueden llegar hasta la pena de encarcelamiento.
Así es. Con las reformas a la Ley Federal del Derecho de Autor y al Código Penal Federal promovidas por Monreal, se abre la puerta al establecimiento del mecanismo de “notificación y retirada” (utilizado para remover contenidos e información de interés público) y sanciones de hasta 10 años de cárcel por eludir medidas tecnológicas de protección impuestas por fabricantes de hardware y software.
Si bien es cierto que el derecho de autor debe ser protegido (en México, en Estados Unidos, Canadá y “en China”), las modificaciones que el senador Monreal apresuró no eran obligatorias para la implementación del TMEC porque las adecuaciones deben respetar las disposiciones constitucionales. Sin embargo, el líder de Morena en la Cámara Alta siguió insistiendo en que fueran aprobadas sin importar que con ello se vulnere el derecho a la libertad de expresión y los derechos digitales de las personas (reparar sus propios dispositivos, modificarlos a sus necesidades, utilizar consumibles de marcas diferentes, etc.).
Por eso, y con el fin de que la intención de Monreal (y Morena) no se concretara, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Creative Commons México, SocialTIC, Artículo 19 México y Centroamérica, Wikimedia México y Redes A.C. emitieron el detallado posicionamiento #NiCensuraNiCandados; mismo en el que exhortaban al Senado de la República a no caer en la innecesaria prisa de aprobar dichas reformas. No solo porque atentan contra los derechos humanos y constitucionales de los mexicanos, sino porque México cuenta con hasta tres años (a partir de la entrada en vigor del TMEC) para implementar algunas disposiciones como las que Morena apresuró en esta ocasión.
Desafortunadamente, la tarde 29 de junio el fast track y el mayoriteo se impusieron y los dictámenes de reforma fueron aprobados. Ahora queda en la Cámara de Diputados o, en última instancia, en una acción de inconstitucionalidad dar marcha atrás a tal barbaridad.
Finalizo en esta ocasión, citando lo dicho alguna vez por la periodista, bloguera y cofundadora de Global Voices y Ranking Digital Rights, Rebecca MacKinnon: “Si bien la propiedad intelectual merece protección, esa protección debe ganarse y defenderse de una manera que no reprima la innovación, erosione el debido proceso legal y debilite la protección de los derechos políticos y civiles en Internet”.
Aída María Holguín Baeza
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