El Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, expuso la diferencia en el costo de patrullas adquiridas por el Municipio de Juárez en comparación con el Ayuntamiento de Chihuahua capital, al señalar que existe una brecha significativa tanto en el precio por unidad como en el impacto presupuestal por habitante.
En la conferencia de prensa que ofrece cada semana, el alcalde explicó que el costo promedio por patrulla en Ciudad Juárez es de 1 millón 255 mil 325 pesos, cifra que deriva en una inversión total de 213 millones 505 mil 177 pesos destinada a la adquisición de 170 unidades, bajo un esquema de compra directa en el que las patrullas pasan a ser propiedad del Municipio.
En contraste, indicó, en el Municipio de Chihuahua el costo promedio por patrulla asciende a 4 millones 120 mil 779 pesos por unidad, bajo un esquema de arrendamiento en el cual las unidades no pasan a ser propiedad municipal. La cifra corresponde a un contrato aproximado de 634 millones de pesos para 154 patrullas.
En términos per cápita, el alcalde explicó que en Juárez cada ciudadano aporta aproximadamente 141 pesos para la compra directa de patrullas, mientras que en Chihuahua capital cada habitante estaría pagando 677 pesos bajo el esquema de arrendamiento. Esto implica que el costo por habitante en la capital es más de cuatro veces superior al registrado en Ciudad Juárez.
El Presidente Municipal subrayó que la diferencia no solo radica en el monto total, sino también en el modelo de adquisición. Mientras Juárez optó por la compra directa e incorporación de las unidades al patrimonio municipal, Chihuahua capital eligió un esquema de arrendamiento con un costo considerablemente mayor por unidad.
El edil reiteró que durante su administración se han incorporado más de 114 patrullas nuevas y la estrategia de seguridad implementada en la ciudad ha mostrado resultados positivos, por lo que continuará el esquema de inversión directa en equipamiento policial.
La comparación entre ambos municipios, puntualizó, permite dimensionar el impacto del uso de recursos públicos en materia de seguridad y la relevancia de adoptar mecanismos de adquisición eficientes y transparentes.
