Descartada la discusión sobre si la determinación del fiscal anticorrupción, Abelardo Valenzuela, para dar curso al proceso penal en contra del ex gobernador Javier Corral, obedece a una intención revanchista o no, porque sin duda alguna ese componente está presente y porque sería ilusorio pensar que no lo existe, el tema más importante en este affaire lo constituye si la frustrada detención influirá en el rumbo de las relaciones entre la gobernadora de Chihuahua y la presidenta de México.No se trata, como muchas veces se sostiene acerca de las relaciones entre mandatarios, en las que se pone el énfasis en las relaciones personales que dejan de lado las que debieran importarle, no solo a los involucrados, sino fundamentalmente a los gobernados, en este caso a Maru Campos y Claudia Sheinbaum, las institucionales.Importa detenerse en este tema porque, desgraciadamente, a pesar de todas las alternancias partidarias ocurridas a lo largo del siglo, el marco institucional para la distribución regulada, ajena a la discrecionalidad de los recursos contenidos en el presupuesto federal, es inexistente.
Lo prevaleciente es la piedra angular del presidencialismo mexicano: El reparto de dinero público por el presidente mexicano.Pocos recuerdan los tonos triunfales, de verdaderas fiestas con las que se desarrollaban las giras presidenciales del viejo régimen, porque en ellas el mandatario en turno repartía a diestra y siniestra dinero a raudales, ya fuera en obras, servicios, en efectivo y aumentos salariales.El verdadero ejecutor del presupuesto federal era el presidente.Esa práctica persiste hasta el presente, ciertamente acotada, pero todavía la mayor parte de los recursos federales son manejados directamente por los funcionarios nombrados por el presidente en cada entidad y son, en la mayor parte de los estados, superiores a los que les llegan por la vía de las participaciones federales, es decir, de las partidas incluidas en el presupuesto federal, entregadas a las administraciones estatales y que se ejercen con plena soberanía por éstas.
Así, hasta los tiempos de López Obrador, éste ha determinado, por su cuenta, bajo sus muy personales determinaciones, la construcción, o no, de infinidad de obras y servicios necesarios en las entidades y él ha sido, igual que en el pasado, quien determina qué obras, en qué estados y cuando se deban llevar al cabo.Si esto es así, entonces el factor personal, la empatía y las aficiones político-partidarias de cada gobernador influyen, a veces determinantemente en las decisiones presidenciales.O peor aún, el hecho de que, siendo de la oposición, ‘se porte bien’ a los ojos del presidente.De ahí la importancia del episodio de la frustrada detención de Javier Corral ¿Creerá Claudia que en ella existe un sustrato, real, mensurable, evidente, del mal uso de los recursos públicos de su ahora colaborador?
