Empresa Alderiva prestó al Municipio 6 mdp con interés el 60% anual. Trabajadores cumplirán cinco quincenas sin sueldo
El Diario Cesar Lozano
Chihuahua, Chih.- A pesar de que el Cabildo de San Francisco del Oro negó en mayo de 2022 al presidente municipal, Arturo Huerta, adquirir un préstamo por 6 millones de pesos, el alcalde comprometió los ingresos locales a tal grado de que en la actualidad la administración de dicho municipio está prácticamente en quiebra.
Así lo dieron a conocer miembros del recién creado Comité Pro San Francisco del Oro, observatorio que surgió con vecinos de diferentes sectores, quienes preocupados por las finanzas y el futuro del municipio, piden la intervención de las autoridades estatales para fincar responsabilidades en contra de Huerta Luévano, por comprometer los recursos públicos a través de instrumentos crediticios financieros que, incluso, prohíbe la Ley de Disciplina Financiera.
A mediados de 2022 la empresa Alderiva, prestó el monto al Municipio con una tasa del 60 por ciento de interés anual que corresponde a 360 mil pesos mensuales, sólo de interés, mientras que en dos años no han abonado a capital, por lo cual la deuda permanece.
“El pueblo sin servicios de limpieza y en un corto tiempo sin alumbrado público se detuvieron con la huelga las participaciones. El pueblo se encuentra en una situación crítica”, comentó Rubén Carrillo, activista político y miembro del comité.
En total, los empleados del Municipio son 258 de confianza y 67 sindicalizados, es decir 325 trabajadores que tienen meses sin sueldo, mientras que la Alcaldía recibe limitadas participaciones por una deuda con la administración pública estatal.
Carrillo sostiene que a través del Comité pedirán cuentas claras en contra del actual presidente municipal que intentó la reelección bajo las siglas del Ptmorena, pero quedó en tercer lugar por el rechazo de la ciudadanía; mientras los trabajadores sindicalizados permanecen en huelga.
La administración de San Francisco del Oro ha recibido múltiples señalamientos desde años anteriores a la fecha por parte de la Auditoría Superior del Estado y el caso podría llegar a la Función Pública, ente que establecería consecuencias contra Huerta Luévano, desde inhabilitación para ejercer cualquier puesto público o incluso consecuencias penales si así lo determina la Auditoría.
