Hay momentos en que el poder se delata no por lo que resuelve, sino por los pretextos que fabrica. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Mientras el crimen organizado instala laboratorios, mueve precursores, procesa droga a escala industrial y convierte regiones enteras en zonas de operación, desde el centro del poder todavía hay quienes creen que la soberanía se defiende con comunicados, evasivas y solemnidad hueca.
Ya basta de fingir. Ya basta de envolver la impotencia en retórica patriótica. Ya basta de vender como defensa de la soberanía lo que en realidad es incapacidad, titubeo y miedo a llamar las cosas por su nombre.
La verdad es brutal: mientras el poder se entretiene administrando el lenguaje, el crimen organizado administra territorio, rutas, químicos, laboratorios, dinero y muerte. Esa es la realidad. Lo demás son boletines.
En Chihuahua no apareció una anécdota. Apareció la prueba obscena de que en México el crimen opera con escala industrial. No estamos hablando de narcomenudeo de esquina ni de células improvisadas escondidas en la sierra. Estamos hablando de infraestructura, volumen, logística, protección, capacidad de producción y control territorial. Estamos hablando de organizaciones que trabajan como empresas del terror mientras el Estado discute semántica.
Y ahí está el escándalo verdadero: frente a una maquinaria criminal de ese tamaño, la reacción del poder no fue la indignación de un Estado agraviado ni la energía de un gobierno decidido a recuperar el mando. No. La reacción fue la de siempre: orientar culpas, comunicados de persecución, citatorios de cumplimiento inmediato, evasión elegante. Como si el problema fuera una Gobernadora, la redacción de un parte oficial y no la captura criminal de pedazos enteros del país.
No nos engañemos. La soberanía no está en riesgo: la soberanía está siendo violada todos los días. La violan los cárteles cuando se adueñan del territorio. La violan cuando instalan laboratorios. La violan cuando mueven toneladas de insumos sin que nadie los detenga a tiempo. La violan cuando convierten regiones enteras en corredores de impunidad. Y también la degrada un gobierno que prefiere cuidar el discurso antes que ejercer el poder.
Porque ese es el punto de fondo: el Estado mexicano quiere el monopolio de la autoridad, pero no siempre quiere asumir el costo de ejercerla. Quiere decirles a los estados hasta dónde pueden llegar, pero no garantiza que la Federación llegue primero, llegue a tiempo o llegue con fuerza suficiente. Quiere reservarse el control político, pero luego administra la inseguridad como si fuera una fatalidad meteorológica.
Pues no. Si la Federación va a desautorizar, limitar o cuestionar lo que una entidad hace para defender su territorio, entonces tiene la obligación de poner sobre la mesa una respuesta mejor, más rápida y más eficaz. Lo que no puede hacer es estorbar desde la comodidad del escritorio. Lo que no puede hacer es reclamar obediencia mientras reparte insuficiencia. Lo que no puede hacer es centralizar el mando para descentralizar el fracaso.
Y aquí es donde la discusión deja de ser jurídica y se vuelve política, crudamente política. Porque no basta con preguntarse si tal o cual actuación se ajustó a la norma. También hay que preguntarse por qué hemos llegado al punto en que los estados sienten que deben hacer hasta lo imposible para contener una amenaza que rebasa los protocolos, los discursos y la autosatisfacción del poder central.
Yo no compro la idea de que todo está bajo control. No lo está. Y menos cuando la propia Presidencia transmite la impresión de no haberse adueñado todavía del aparato que encabeza. Se puede respetar la investidura presidencial, y yo la respeto. Pero respetar la institución no obliga a cerrar los ojos ante la evidencia: la Presidenta no termina de verse rodeada de un equipo propio, sólido, disciplinado y leal a ella por encima de cualquier herencia política. En posiciones clave siguen apareciendo más las fidelidades del ayer que la autoridad del presente.
Y eso, dicho con todas sus letras, es gravísimo.
Porque un gobierno puede sobrevivir a la crítica. Lo que no puede sobrevivir es a la falta de mando. Un país acosado por el crimen no tiene margen para una Presidencia a medias, para un gabinete cruzado por lealtades prestadas o para funcionarios que parecen mirar más hacia el expresidente que hacia la oficina donde hoy formalmente despachan. Un Estado dividido en su cadena de autoridad es un Estado débil. Y un Estado débil frente al crimen es un Estado que retrocede.
De nada sirve tener Presidenta si en los hechos el poder sigue rentado, compartido o condicionado. De nada sirve la ceremonia republicana si las decisiones estratégicas continúan atrapadas por inercias, tutelas y obediencias viejas. De nada sirve la exaltación institucional si al final nadie termina respondiendo con claridad, firmeza y consecuencias.
El país no necesita una administración que recite principios mientras el crimen consolida posiciones. Necesita mando. Mando de verdad. Mando que se note en los nombramientos, en las decisiones, en la coordinación, en los resultados y en la capacidad de imponer una sola lealtad: la del Estado mexicano, no la de un caudillo en retiro, no la de una facción, no la de una continuidad vergonzante.
