La cancelación de visas de trabajo para operadores de carga por parte del Gobierno de Estados Unidos comienza a generar preocupación entre el sector transportista de Ciudad Juárez, debido al impacto que podría tener en la economía fronteriza y en miles de familias que dependen del comercio internacional.
De acuerdo con la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, autoridades estadounidenses han revocado alrededor de 30 mil visas a operadores extranjeros.
De ese total, aproximadamente 20 mil corresponderían a conductores mexicanos, mientras que se estima que cerca del 10 por ciento pertenecería a traileros de la región fronteriza.
El presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez, Manuel Sotelo, explicó que la medida forma parte de una estrategia del Gobierno estadounidense para combatir el cabotaje irregular y privilegiar la contratación de operadores locales.
No obstante, advirtió que para numerosos choferes juarenses la decisión representa la pérdida de oportunidades laborales en rutas dentro de Estados Unidos.
A esta situación se suma el endurecimiento de los procesos para la renovación de visas. Transportistas señalaron que las autoridades estadounidenses han incrementado los requisitos de evaluación, incluyendo pruebas de dominio del idioma inglés y revisiones más rigurosas, lo que ha dificultado que muchos operadores obtengan nuevamente su autorización para ingresar y trabajar en territorio estadounidense.
Representantes del sector advirtieron que las consecuencias podrían extenderse más allá de los operadores afectados.
Una disminución en el número de choferes con permiso para laborar en Estados Unidos impactaría el movimiento económico de talleres mecánicos, refaccionarias, restaurantes, estaciones de servicio, empresas de logística y diversos comercios vinculados al autotransporte.
Ciudad Juárez mantiene una estrecha dependencia del intercambio comercial con Estados Unidos, por lo que especialistas del sector consideran que cualquier restricción a la movilidad de operadores de carga podría repercutir en la actividad económica regional, afectando tanto a las empresas transportistas como a cientos de familias cuya principal fuente de ingresos está ligada a esta industria.
