La reciente denuncia pública del juez de control Elmer Lerma Fontes en Parral Chihuahua, ha encendido una alarma que resuena mucho más allá de los tribunales locales. Lo que parecía ser una audiencia rutinaria de vinculación a proceso se transformó en un acto de profunda valentía judicial y en la exposición cruda de una práctica que erosiona la democracia: la injerencia política en la justicia.El juez Lerma reveló haber recibido presiones directas del magistrado Gerardo Acosta para evitar la vinculación a proceso de Fernando Ramírez, acusado de homicidio en grado de tentativa. Lo grave no se limita al delito imputado, sino a la identidad del imputado: Ramírez es hermano del presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez. Este es un caso de libro sobre el riesgo de la impunidad por influyentismo.
El ataque directo a la independencia judicial…
La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el derecho fundamental de todo ciudadano a ser juzgado por tribunales libres de presiones. Cuando un magistrado, que por su jerarquía debería ser el máximo garante de esa autonomía, utiliza su poder para torcer el brazo de un juez de control, está traicionando su investidura y socavando el pilar más básico de nuestro sistema legal.Este tipo de acciones no son incidentes aislados; son la punta del iceberg de una práctica de corrupción y control político arraigada. La acusación contra el magistrado Acosta, señalado de presuntamente «cobrar sentencias, presionar jueces y magistrados», desnuda un sistema donde las resoluciones judiciales corren el riesgo de convertirse en instrumentos de conveniencia para el poderoso en turno, en lugar de ser actos de justicia.
La balanza de la justicia no se vende: el deber ético del juez
El juez Elmer Lerma emerge en este contexto como un símbolo de integridad. Hablar en contra de un superior jerárquico con poder e impunidad es un acto que conlleva un riesgo personal y profesional enorme. Es una denuncia que va más allá del caso específico; es una defensa activa del Estado de Derecho. La justicia, en un entorno de miedo y silencio, no puede depender solo de la ética personal, sino de instituciones que respalden la valentía.
La exigencia de la respuesta institucional…
La denuncia pública del juez Lerma debe ser el catalizador de una acción institucional inmediata e implacable.
La obligación de actuar de oficio…
Las declaraciones del juez fueron públicas, graves y específicas. La Fiscalía General del Estado y, sobre todo, la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua tienen el deber legal de iniciar una investigación de oficio sobre el intento de cohecho o tráfico de influencias. El artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 49 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, obligan a toda autoridad con conocimiento de un delito o falta a denunciarlo.
El Tribunal de Disciplina Judicial no puede ser cómplice…
Si el Tribunal de Disciplina Judicial guarda silencio, o peor aún, intenta minimizar o encubrir la denuncia, se convierte en un cómplice institucional que avala la erosión de la confianza ciudadana.
Es su deber tramitar esta denuncia con la seriedad y rapidez que merece, garantizando la protección al juez Lerma y no la represalia.
El papel del Poder Legislativo…
Cuando el imputado es hermano del presidente del Congreso, la transparencia debe ser absoluta. El Poder Legislativo debe abstenerse de intervenir y, por el contrario, garantizar que sus miembros no utilicen su influencia para proteger intereses personales. La ciudadanía merece saber que sus representantes no están por encima de la ley.
La Justicia se Defiende con Acciones…
La denuncia del juez Lerma Fontes no debe ser una simple anécdota de valentía, sino el punto de inflexión para la depuración del Poder Judicial en Chihuahua. Como sociedad, y como integrantes del Foro Jurídico Local, nos negamos a normalizar estas prácticas.
La justicia no puede depender de vínculos familiares ni de presiones políticas. Si permitimos que estas injerencias se repitan, debilitamos el Estado de Derecho y traicionamos la confianza pública. Hoy más que nunca, necesitamos jueces valientes, instituciones que los respalden, y ciudadanos que los vigilen.
Es imperativo que este caso se investigue a fondo y que se deslinden las responsabilidades correspondientes caiga quien caiga. La sociedad lo exige, y la ley lo manda. La independencia judicial no se defiende con discursos, se defiende con acciones.
netoaviles@gmail.com*
Abogado Litigante, integrante de la FECHCA y del Colegio de Juristas «Jorge Mazpulez Pérez», además de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua
