El Estado de Derecho debe prevalecer ante todo, porque su función es proteger los derechos y los intereses de todas las personas. En México nadie debe estar por encima de la ley, sin importar si se trata de un gobernador, un expresidente, la Presidenta de la República o cualquier ciudadano.
El caso de Rubén Rocha Moya es un ejemplo de lo que puede ocurrir cuando las decisiones políticas generan dudas sobre el respeto a la ley. Si existen señalamientos graves contra un servidor público, deben investigarse de manera seria, independiente y con pruebas. Tampoco debemos condenar a nadie solamente por rumores o acusaciones: corresponde a las autoridades investigar y, en su caso, a los tribunales determinar responsabilidades.
Lo preocupante es cuando los intereses de un grupo político parecen tener más peso que las instituciones. Andrés Manuel López Obrador tuvo una enorme influencia en Morena y en la llegada de Rocha Moya al gobierno de Sinaloa. Pero ninguna amistad, alianza o compromiso político puede estar por encima de la Constitución y de las leyes.
Claudia Sheinbaum tiene ahora una responsabilidad propia como Presidenta de México. Su obligación principal no debe ser proteger el legado de López Obrador ni defender a integrantes de un grupo político. Su responsabilidad es gobernar para todos los mexicanos y hacer que las instituciones funcionen. Si para defender la legalidad tiene que marcar distancia de López Obrador, debe hacerlo.
El Estado de Derecho también exige algo fundamental: no confundir una investigación con una condena. Si una persona es investigada, debe respetarse su derecho de defensa y la presunción de inocencia. Pero, al mismo tiempo, las autoridades tienen la obligación de investigar sin privilegios, sin protección política y sin miedo a llegar hasta donde conduzcan las pruebas.
El caso de Rocha Moya nos deja una enseñanza sencilla: cuando el poder político se coloca por encima del Derecho, tarde o temprano las consecuencias llegan por su propio peso. Un país no puede funcionar correctamente si la ley se aplica a unos y se perdona a otros.
México necesita instituciones fuertes, no gobiernos de amigos. Necesita fiscales que investiguen, jueces independientes y gobernantes que entiendan que el poder es temporal. López Obrador, Claudia Sheinbaum, Rubén Rocha Moya y cualquier otro servidor público deben estar sometidos a las mismas reglas que todos los ciudadanos.
Por eso considero que Claudia Sheinbaum debe tomar plenamente las riendas de su gobierno y actuar con independencia cuando las circunstancias lo exijan. No se trata de romper con una persona por razones políticas; se trata de dejar claro que ninguna lealtad personal puede estar por encima de México.
Si queremos un país más seguro, justo y democrático, el camino no puede ser proteger personas o partidos. El camino debe ser respetar la Constitución, garantizar el debido proceso y aplicar la ley por igual.
El Estado de Derecho debe prevalecer siempre. Sin excepciones y sin privilegios.
