Por Agencia Reforma
De concretarse en el Senado su extinción, proyectos con gran impacto social de Colef y Ecosur resultarían gravemente afectados
Ciudad de México.- De concretarse en el Senado, la extinción de los fideicomisos de los Centros Públicos de Investigación (CPI) repercutiría gravemente en las investigaciones científicas, muchas de ellas con impacto social directo, que se realizan en las fronteras sur y norte del país.
De acuerdo con los titulares de El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur) y El Colegio de la Frontera Norte (Colef), la desaparición de sus respectivos fondos representaría un duro golpe para investigadores, alumnos y grupos vulnerables de la sociedad.
«Estamos en esperanza de ver qué podemos hacer para poder seguir operando, porque se quedarían ahorita desprotegidos varios proyectos. Eso es lo que nos preocupa», alerta María del Carmen Pozo, directora general de Ecosur.
Según explica, el fideicomiso que opera su CPI, cuya extinción se aprobó ya en la Cámara de Diputados, fue creado para complementar el presupuesto fiscal, que nunca es suficiente para llevar a cabo proyectos de gran impacto social.
«El origen de este fondo fue en 2013 y se originó con la finalidad de financiar y complementar proyectos específicos de investigación, la creación y mantenimiento de instalaciones de investigación, el equipamiento, el suministro de materiales, el otorgamiento de becas y la formación de recursos humanos especializados», detalla.
Actualmente, Ecosur lleva a cabo diversos programas de salud de importancia, como el desarrollo de una plataforma para la detección de cáncer cervicouterino en regiones marginadas de Chiapas.
También un proyecto de investigación sobre mosquitos vectores de zika, chikungunya y dengue en la región, y otro para el diagnóstico a bajo costo de tuberculosis pulmonar, por solo mencionar algunos, cuyos beneficiarios directos son comunidades de muy escasos recursos económicos en la frontera sur.
Del otro lado del país, el fideicomiso del Colef permite también la realización de proyectos vitales, como la Encuesta de Migración de las Fronteras Norte y Sur.
De acuerdo con Alberto Hernández, presidente del Colef, estas encuestas proveen la principal información de flujos migratorios, lugar de procedencia de los migrantes, sus situaciones económicas, destino final y características demográficas.
«Es una información clave para las acciones de Gobierno», califica Hernández.
Si el Senado ratifica la extinción de los fideicomisos, uno de los primeros damnificados, paradójicamente, sería el Gobierno federal, pues ya no tendría quién financiara con recursos propios algunos valiosos instrumentos, como la encuesta.
«Los proyectos de las encuestas son proyectos que tienen que ver con sentidos multianuales, porque los recursos a las instituciones les llegan a final de año, entonces nosotros financiamos estos proyectos a lo largo del año y al final del año nos llegan estos recursos», explica.
«Esta parte del fideicomiso financia, de manera temporal, lo que después recibimos al final del año fiscal».
En Ecosur, destaca su titular, la medida de extinguir su fideicomiso no sólo afectaría proyectos relevantes, sino a alumnos y empleados de la institución.
«Esos proyectos, muchos de ellos, tienen becas de estudiantes que se verían afectadas, se verían afectadas las tesis de algunos estudiantes de doctorado y de maestría, y también se verían afectadas incluso contrataciones de personal que dan apoyo a los proyectos», advierte Pozo.
En los siete años de vida del fondo de Ecosur, se ha logrado apoyar a 100 proyectos de impacto social, becar a 30 estudiantes, comprar 23 vehículos indispensables para el trabajo en campo y, en una contingencia, se pudo reponer el equipo dañado de la Unidad Campeche tras un apagón que dejó inservible herramientas básicas.
Además de que cada fondo se nutre de recursos autogenerados, sin representar cargo alguno al erario, las decisiones de qué proyectos apoyar y con cuánto no se toman discrecionalmente.
«El cómo se reparten esos fondos pasa por un comité que tiene el propio fondo, un comité del fondo en el que participan incluso investigadores externos a la institución para hacerlo transparente y sin conflictos de interés», declara Pozo.
De igual forma, expresa el presidente del Colef, es falso que los fondos de los CPI carezcan de rendición de cuentas.
«Prácticamente, la auditoría gubernamental ha estado presente en todos sus niveles y en todas sus actividades. Esto no está sujeto a actos discrecionales ni a voluntades, sino está sujeto a normatividades en cumplimiento a esto, sobre todo a transparencia y rendición de cuentas», amplía Hernández.
Tanto en Ecosur como en el Colef, parte de los recursos de los fondos ya están comprometidos para diversos proyectos e, incluso, convenios internacionales.
«Ya tenemos compromisos y contratos, convenios, con una serie de instituciones, incluidas del Gobierno federal, que tengo que cumplir, entonces esos recursos no los puedo entregar, porque, si no, incumplo y tendría inclusive demandas», alerta Hernández.
«Estamos esperanzados en que se logre algo, pero la realidad es que en este momento no sabemos qué va a ocurrir. Nosotros seguimos operando, tenemos proyectos comprometidos, dinero comprometido y quisiéramos seguir utilizando», secunda Pozo.
En ambas fronteras del país, proyectos importantes para la población más vulnerable, los migrantes, científicos e investigadores están en manos del Senado de la República.
