El discurso de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, con toda razón pudiera clasificarse como un parteaguas, no en el devenir de ese tribunal, sino en el de su relación con el actual titular del Poder Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, sobre todo si se le compara con de la de su inmediato predecesor, Arturo Zaldívar Lelo de La Larrea.
En esta coyuntura nos encontramos con dos personajes ampliamente conocedores de los mensajes implícitos en cada uno de los actos o eventos en los que participan y que pueden, eventualmente, o reproducirse o dar pie a la emulación en el ámbito estatal.
La presidenta de la Corte, al no levantarse a la llegada del presidente al acto del 106o. aniversario de la promulgación de la Constitución, pero sí hacerlo en el momento en el que hicieron la presentación oficial de López Obrador como presidente constitucional, con lo que envió el clarísimo mensaje de que no se sumaría a la clase política que ha revivido, como en los mejores tiempos, la era del presidencialismo “imperial”.
Por otra parte, al levantarse en el momento que el protocolo ordena, también envió el mensaje de que actuaría, tal y como lo dijo en el discurso, conforme a las leyes vigentes y, además, sin estridencias ni protagonismos.
Tal actitud es la necesaria en el ámbito estatal, ahora que en la práctica se inician los mandatos de la gobernadora Maru Campos y la magistrada presidenta, Myriam Hernández Acosta, están obligadas a dar término a lo que se ha convertido en el peor escenario en esa materia en Chihuahua, la de la absoluta subordinación del Poder Judicial al mandatario en turno, que alcanzara sus niveles mayores en los dos sexenios anteriores, sin que en los pasados pudiéramos proclamar la independencia que hoy reclama la ministra Piña.
Por otra parte, el presidente, al -por lo menos es lo que se puede inferir pues personal de la oficina de la presidencia cambió el lugar que deberían ocupar los titulares de los poderes Legislativo y Judicial- mantener lejos de sí a quienes no forman parte del equipo presidencial, también envió ese mensaje a Norma Piña y a Santiago Creel.
Hay otro mensaje, implícito en los funcionarios con los que decidió rodearse en primer lugar, los jefes secretarios de la Defensa y la Marina Nacionales.
A pesar del discurso de la ministra, no pueden lanzarse las campanas al vuelo cuando la Corte someta a la discusión varios de los asuntos más importantes del momento político por el que transitamos, en particular dos, el de las dos leyes de la reforma electoral, aprobadas en los últimos días de diciembre, que formaban parte del llamado “Plan B” de las modificaciones pretendidas por el presidente y que pueden desatar el mayor número de impugnaciones de la historia a una modificación legislativa.
Y como no van levantar tamaña preocupación pues en la práctica, de ser ratificadas por la Corte, desmantelarán el aparato electoral que, a pesar de todos los contratiempos, ha servido para darle certeza a los procesos electorales y encaminar al país, por lo menos en esa materia, a la normalidad democrática.
Además, de ratificarse regresaríamos a la etapa en la que la esfera del poder público se confundía con la del partido gobernante, en la que los órganos y procesos electorales perderían su independencia frente al poder público.
El otro asunto, no menos importante, es el de la definición de las tareas armadas en la seguridad pública pues quedan pendientes de resolver una buena cantidad de impugnaciones a las leyes que permitieron la creación de la Guardia Nacional, primero, y las posteriores legislaciones, ya sea en materia de leyes o decretos presidenciales.
No sólo, también el de resolver hasta donde alcanza la facultad presidencial de decretar de “seguridad nacional”, la construcción de obras que no alcanzan tal clasificación, de no ser por la voluntad presidencial de darle prioridad a las obras emblemáticas de su gestión, pero que en el camino de apresurarlas ha dejado de lado aspectos esenciales en una democracia moderna, como lo es el hecho de licitar y transparentar los gastos ejercidos en ellas.
De ese modo, lo que dio pie a una controversia sobre lo que parecían simples demostraciones frívolas, tienen, como en las playas, un mar de fondo.
Por ello importa rescatar algunas de las frases de la ministra presidenta de la Corte Norma Piña, cuando sostuvo que “… La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”.
*Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017 y 2022
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