La iniciativa sobre la mariguana aprobada por el Senado la semana pasada, que ahora está siendo considerada por la Cámara de Diputados, quizá sea un paso hacia adelante, pero es un paso insuficiente e incongruente.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en una serie de fallos sobre juicios de amparo, la inconstitucionalidad de la “prohibición absoluta” de la mariguana establecida en la Ley General de Salud. En opinión del hoy presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, quien escribió el dictamen para el primero de estos fallos, el “libre desarrollo de la personalidad, supone el reconocimiento del Estado sobre la facultad natural de toda persona a ser individualmente como quiere ser, sin coacción, ni controles injustificados o impedimentos”.
El Congreso está legislando sobre la producción, comercio y consumo de la mariguana porque la jurisprudencia de la Corte lo obliga. No es que los legisladores o el Gobierno, conservadores por convicción, se hayan visto imbuidos súbitamente de un espíritu liberal. La Corte les ha dado de plazo hasta el 15 de diciembre para ajustar la ley a las libertades constitucionales.
No obstante, la idea de que el Congreso despenalizaría la producción, el comercio, la posesión y el consumo de mariguana ha caído por tierra. La iniciativa suaviza algunas restricciones, pero no legaliza ni despenaliza. Es una lástima, porque se está perdiendo una oportunidad magnífica para atacar a fondo los males generados por la prohibición.
Los senadores no han legalizado ni despenalizado nada, simplemente han aumentado el límite de posesión de 5 a 28 gramos y han permitido el cultivo individual para autoconsumo de hasta seis plantas. La ley también aceptará las asociaciones de 2 a 20 integrantes que produzcan para el autoconsumo. Una posesión o cultivo adicionales serán considerados delitos y llevarán a acciones penales contra los infractores. Los legisladores, por otra parte, han omitido cualquier consideración para el uso médico de la mariguana. Además, el Gobierno creará un Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud, que “ejercerá la rectoría sobre la cadena productiva del cannabis y sus derivados”. El viejo chiste de Motamex se vuelve, increíblemente, realidad.
Al contrario de otras sustancias prohibidas, la mariguana es una planta. El Gobierno comete un error estratégico al tratar de prohibir una hierba que crece naturalmente y que ha tenido, además, usos médicos desde la antigüedad. Al prohibir la posesión y el cultivo de cantidades por arriba de un límite, por otra parte, se promueven la simulación y la corrupción. ¿Por qué 28 gramos y no 29? ¿Por qué seis plantas y no siete? No hay respuestas lógicas.
La iniciativa que los diputados han recibido del Senado no tiene sentido. Los fallos de la Corte se han tergiversado u olvidado. Las palabras del ministro Zaldívar, en el sentido que la Constitución nos permite a los mexicanos elegir nuestro plan de vida y modelo de virtud personal sin la intromisión del Estado, no son siquiera referencia. Lo que tenemos es un Congreso que vuelve a prohibir, pese a la pésima experiencia, pero con ilógicos criterios de cantidad, y que crea además un nuevo instituto para aumentar la burocracia.
Destruir la industria
La 4T sigue empeñada en destruir a la industria farmacéutica nacional. Ayer la SFP emitió nuevas sanciones contra seis productoras y distribuidoras mexicanas. El propósito es, al parecer, impedir que los mexicanos participen en las licitaciones de medicamentos que manejará la Unops, de las Naciones Unidas. El Gobierno solo quiere a proveedores extranjeros.
