“El sojuzgamiento del Poder Judicial es la vía más directa a la dictadura”.
Luis de la Barreda Solórzano
El presidente López Obrador ha arreciado sus ataques al Poder Judicial. Ayer, en la “mañanera”, el general Luis Rodríguez, subsecretario de Seguridad Ciudadana, dedicó buena parte de su presentación a exhibir “a jueces que favorecen a presuntos delincuentes”. No hubo ningún intento por exponer los argumentos jurídicos que llevaron a los jueces a tomar sus decisiones. El propósito era, simplemente, lincharlos mediáticamente.
Tengo una buena impresión del general Rodríguez Bucio. Siempre me ha parecido prudente y comedido. Hizo, hasta donde puedo ver, un buen trabajo para formar la Guardia Nacional.
No tengo cuestionamientos sobre su desempeño como subsecretario de seguridad ciudadana, aunque no me queda claro qué hace la dependencia en un Gobierno en que la responsabilidad de seguridad ha quedado en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Estoy seguro de que no ha sido su idea descalificar a los jueces: simplemente está cumpliendo las órdenes de su jefe. El Presidente ha decidido que, ahora que el INE tiene ya a una nueva presidenta y consejeros cercanos a él, el Poder Judicial se ha convertido en el enemigo público número uno.
El Presidente ha criticado al ministro Luis María Aguilar de la Suprema Corte por sus fallos sobre los libros de texto. “¿Para quién trabaja el ministro?”, declaró el 23 de agosto. “¿Le importa que los niños tengan libros, que tengan libros de texto? ¿Está pensando él que, si se quedan sin libros los niños, sus padres no tienen para comprar libros?”.
No se molestó en explicar por qué, si su Gobierno considera tan importantes los libros, violó los mandatos de ley que obligan a tener un programa de estudios y una consulta con especialistas y padres de familia antes de producirlos.
Independientemente de los contenidos cuestionables de los nuevos libros, el simple cumplimiento de la ley habría evitado la suspensión de su distribución en Chihuahua y Coahuila.
La animadversión del Presidente al Poder Judicial es cada vez más evidente. En su Quinto Informe de Gobierno, este 1 de septiembre, reiteró que enviará una iniciativa de reforma constitucional para “limpiar el Poder Judicial de complicidades, conflictos de interés, convivencias inconfesables, corrupción y derroche de recursos”. El propósito es lograr que jueces, magistrados y ministros fallen de conformidad con sus deseos. Su propósito es acabar con la independencia del Poder Judicial.
Los gobernados tenemos razones para sentirnos inquietos. El Presidente ha logrado un poder enorme, no solo por haber sido electo para su cargo con 53% de los votos, sino por haber conseguido mayorías absolutas en las dos cámaras del Congreso, que le han permitido impulsar una agenda legislativa imposible para sus predecesores desde que el PRI perdió el control de la Cámara de Diputados en 1997. Si AMLO consigue además el control del Poder Judicial, estaríamos de regreso en un régimen de partido hegemónico.
La función de los jueces no es obedecer las instrucciones del Presidente o de las fiscalías. Un Gobernador de la cuarta transformación, Cuitláhuac García de Veracruz, ha llegado al extremo de encarcelar a una juez, Angélica Sánchez de Cosamaloapan, por el delito de dictar una liberación con la que él estaba en desacuerdo.
Todos podemos discrepar de los fallos de los tribunales, pero la letanía contra los jueces que ayer ofreció el general Rodríguez Bucío no tenía más argumentos que el que estos son contrarios a los deseos del Gobierno. Pero un Gobierno que pretende dictar las sentencias a los jueces deja de ser democrático y se convierte en una dictadura.
Pensiones
Las pensiones asistenciales, que reciben quienes no contribuyeron a fondos de pensiones durante su vida, subieron 505% frente a 2018, según México Evalúa. Los ingresos del sector público aumentaron 5.5%. ¿De verdad piensan que estas tendencias se pueden mantener sin quebrar al país?
