En Mexicali, la imposición ha generado discordia social, política e hídrica, ocurriendo en medio de una profunda crisis de la economía agropecuaria
En medio de una crisis en la economía agropecuaria, con precios de los granos en el piso y las fronteras cerradas a la exportación ganadera, los poderes Ejecutivo y Legislativo impusieron una Reforma a la Ley Nacional de Aguas Nacionales que ha generado discordia, conflicto social, político e hídrico en el Noroeste del País.
Este lunes, en Mexicali, Baja California, autoridades estatales y federales se reunirán por enésima ocasión con los representantes del Frente Nacional por el Rescate del Campo, quienes buscan una solución para miles de personas que, debido a su avanzada edad o la nula rentabilidad de los cultivos, encontraron una forma de subsistir al transferir sus derechos de agua para fines agrícolas y pecuarios, por un pago mínimo.
Según el tesorero del Banco de Agua, los usuarios le venden parte de su dotación al gobierno en un peso con 40 centavos en metro cúbico de agua (mil litros); éste aseguró que el organismo operador vende ese mismo metro cúbico a 22 pesos para uso doméstico; en 40 pesos a los comercios; y aseguró que a la industria entre más gasta agua más barato se les contra el metro cúbico, llegando el punto de cobrarles apenas cinco pesos por cada mil litros.
“Estamos buscando un mecanismo que brinde protección a la gente”
Horacio Gómez Carranza, presidente del Consejo Estatal de Productores de Trigo, explicó que en las reuniones con autoridades de Conagua y el Gobierno de Baja California, buscan un acuerdo que no deje desamparadas a los usuarios que han encontrado en la transferencia de agua para las ciudades de Tecate, Mexicali, Ensenada y Tijuana, la única forma de sustento de sus familias, ante la falta de rentabilidad de las actividades agropecuarias.
Estamos buscando un mecanismo que brinde protección a la gente, usuarios del agua, que tienen vulnerabilidad ante la Reforma, por que son personas que por su edad, la situación económica y otros factores como el valor de mercado, el Estado nos dice que nos apoyará hasta donde alcancen sus facultades, pero queremos garantías como que los acuerdos queden plasmados en un decreto”, aseguró Horacio Gómez, quien también es delegado del Frente Nacional por el Rescate del Campo.
En total, los más de 17 mil 600 usuarios trasfieren a las ciudades más de 80 mil millares de metros cúbicos para abastecer a la población, sin embargo, un buen porcentaje de esa agua también es utilizada para abastecer comercios e industria.
Los inconformes son muy claros al señalar que la Constitución Mexicana establece que el agua es principalmente para consumo humano y, segundo, para producción de alimentos; quedando hasta el último lugar la industria.
Éstos afirman que la Constitución, además de proteger el agua para consumo humano, también prioriza la producción de alimentos como las actividades pecuarias y del campo.
Señalan que Baja California ha pagado 500 mdp en agua
Efraín Morales López, director de Conagua, dijo que en los últimos seis años, el Gobierno de Baja California ha pagado 500 millones de pesos para comprar alrededor de 80 millones de metros cúbicos de recurso hídrico para abastecer a las ciudades.
Aseguró que han aclarado a los inconformes que el gobierno no va impedir la herencia de concesiones, ni acciones punitivas; tampoco se va a separar la tierra del agua, para dar certeza y mejor valor a las propiedades de los agricultores.
Los agricultores han vendido el agua para cuatro ciudades, representado para el Estado un costo superior a los 500 millones de pesos, les informamos que con la nueva Ley esto será imposible porque el agua le pertenece al pueblo de México y que una idea fundamental de la reforma es devolverle el agua a la nación”, afirmó el director de la Conagua.
Los inconformes advierte que si el Gobierno no les ofrece una garantía de que no se afectará la economía de las familias que consideran quedaron en la vulnerabilidad ante la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales, volverán a liberar casetas y cerrar las aduanas comerciales en la frontera, situación que afecta el comercio de importación y exportación, generando pérdidas económicas diarias que alcanzan los 100 millones de dólares.
Será este lunes en la reunión entre las autoridades y los inconformes cuando se defina el futuro de este conflicto hídrico que mantiene a cientos de familias en la incertidumbre.
