El desmantelamiento de seis sofisticados narcolaboratorios en el municipio de Morelos, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, debió haber sido narrado como uno de los mayores éxitos policiales del año en el combate al fentanilo y las metanfetaminas
El desmantelamiento de seis sofisticados narcolaboratorios en el municipio de Morelos, Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, debió haber sido narrado como uno de los mayores éxitos policiales del año en el combate al fentanilo y las metanfetaminas; todo un éxito compartido entre la federación y el estado, pero no; en su lugar, el barranco donde el 19 de abril de 2026 volcó un vehículo oficial de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) desenterró un conflicto institucional que va al núcleo de la identidad del Estado mexicano: ponderar la soberanía territorial frente a la urgencia táctica en la guerra contra el narcotráfico.
La muerte en el siniestro de Pedro Román Oseguera Cervantes (director de la AEI) y su escolta, junto a los ciudadanos estadounidenses Richard Leiter Johnston y John Dudley Black —identificados posteriormente por la prensa internacional como agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)—, desató un polvorín político y diplomático entre el Gobierno Federal de la presidenta Claudia Sheinbaum y la administración estatal de la gobernadora chihuahuense Maru Campos.
Esta colaboración analiza la crisis institucional bajo el prisma de la tensión histórica entre federación y estados, el marco jurídico presuntamente vulnerado y la persistente e informal sombra de las agencias de inteligencia de EE. UU. en suelo mexicano.
El centro del debate jurídico no radica en la efectividad del operativo, como debiera de ser en la lógica de la lucha contra el narcotráfico, sino que se ha centrado en el procedimiento y la cadena de mando. En México, de acuerdo con la Constitución y demás leyes relacionadas, la política exterior y la seguridad nacional son facultades exclusivas de la Federación.
La Ley de Seguridad Nacional es tajante tras sus reformas más estrictas, por cierto, de muy reciente cuño (2024), como hechas a modo: cualquier agente extranjero que pretenda operar en territorio mexicano debe estar plenamente acreditado ante la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), contar con la autorización del Gabinete de Seguridad Federal y apegarse a un estricto régimen de no operatividad en campo. Los agentes extranjeros tienen prohibido portar armas y ejercer facultades de autoridad reservadas para los cuerpos mexicanos.
Artículo 76 Constitucional (Principio de Unidad Internacional): Al exterior, México negocia y se coordina con una sola voz. Las entidades federativas carecen de personalidad jurídica para pactar acuerdos independientes de inteligencia militar o policial con gobiernos de otros países.
Al revelarse que uno de los agentes de la CIA fallecidos ingresó al país bajo el estatus de turista y el otro con una visa diplomática genérica no vinculada a labores de campo en la Sierra, el andamiaje legal se desmoronó. La justificación inicial de la Fiscalía del Estado —que catalogó a los norteamericanos como simples «instructores de drones»— chocó frontalmente con los informes de The Washington Post y la confirmación posterior de que la agencia estadounidense había participado al menos en otros tres operativos encubiertos en la entidad en lo que va del año, pero también en otros en distintas entidades del país; no obstante, inexplicablemente, la atención de la federación se concentró únicamente en Chihuahua.
La subsecuente renuncia del fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue la admisión tácita de una omisión involuntaria en el control del operativo, al presentarse probables filtraciones no informadas adecuadamente dentro de la cadena de mando a las jerarquías superiores.
En este orden de ideas, el «Caso Chihuahua» expone una de las heridas más profundas de la política mexicana: la polarización político-partidista cruzando las líneas de la seguridad pública. El partido oficialista, Morena, capitalizó el suceso en el Senado de la República, exigiendo comparecencias inmediatas de la gobernadora panista, catalogando el incidente como una «traición a la patria» y una abierta sumisión al gobierno de Donald Trump en la Casa Blanca. Para la oposición, el discurso de la soberanía nacional es utilizado por el gobierno federal como una «cortina de humo» para golpear políticamente a un bastión panista de cara a los próximos ciclos electorales y ocultar las carencias del control territorial federal.
A nivel social, la población chihuahuense habita una realidad ambivalente: primero, el pragmatismo fronterizo, que consiste en que, en comunidades asoladas por el Cártel de Sinaloa o La Línea, el debate abstracto sobre la soberanía suele importar menos que los resultados tangibles. Si la tecnología y la inteligencia de EE. UU. logran desmantelar laboratorios que envenenan a las juventudes locales, un sector de la sociedad civil tiende a normalizar el apoyo extranjero ante la percibida ineficacia de las fuerzas federales locales. En todo caso, la eventual intervención de agencias estadounidenses no le ocasiona al país o al estado un daño a su patrimonio o a sus intereses, sino que, por el contrario, se convierte en valioso y efectivo auxiliar en la lucha contra el narcotráfico.
Y, segundo, el trauma de la intervención, que tiene más que ver con posturas ideológicas antiyanquis que con principios y fundamentos de seguridad pública, ya que la memoria colectiva nacional recela profundamente de la intromisión estadounidense. La sospecha de que agencias como la CIA operen sin rendir cuentas alimenta el fantasma conspiracionista de que México se convierta en un tablero de ajedrez geopolítico donde las bajas y las reglas las dicten desde Washington, lo cual, en los hechos, es un absurdo total.
Sin embargo, dentro de todo este entramado, y por si todo lo anterior no fuera suficiente, la participación en el operativo de 40 elementos del Ejército Mexicano (Sedena), al lado de los agentes estatales, añadió más opacidad e incertidumbre al caso. ¿La Sedena no rindió un parte del operativo? Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) apuntan a que los militares acudieron bajo un esquema de apoyo institucional local y operativo rutinario, desconociendo por completo que dentro del convoy viajaban elementos de la CIA mimetizados, lo cual también deja muy mal parado al Ejército si aplicamos el mismo criterio de omisión que se aplicó a la renuncia del fiscal general del estado, con la diferencia de que aquí sí hubo consecuencias y del otro lado no.
Este aislamiento informativo entre agencias de un mismo país demuestra las preocupantes fallas de coordinación táctica que el crimen organizado aprovecha para expandirse. Mientras el gobierno federal endurece los canales diplomáticos formales, enviando notas de extrañamiento al embajador Ronald Douglas Johnson, la realidad de la frontera norte impone la inercia de la cooperación informal en campo («por debajo de la mesa»).
Este incidente está lejos de ser una simple anomalía aislada, eventual; no lo es. Responde a todo un patrón histórico de operaciones encubiertas e incursiones norteamericanas en el norte del país, justificadas siempre por crisis de seguridad fronteriza y la incompetencia del gobierno de México para resolverlas.
El «Caso Chihuahua» deja una lección contundente: el combate al narcotráfico es una tarea transnacional que no puede resolverse mediante el aislamiento y la cerrazón obcecada e infundada a la cooperación internacional. La soberanía de un Estado no se defiende ocultando la cabeza ante la penetración del crimen organizado; la soberanía de una nación no radica en la aplicación a la letra de las leyes (que habría que revisar sus recientes modificaciones); la soberanía de un país radica en la seguridad, integridad y tranquilidad de sus habitantes.
Para que México sea realmente un país soberano y digno, la federación y los estados fronterizos deben unificar criterios y purgar la desconfianza mutua. El verdadero reto de la administración de Claudia Sheinbaum no consistirá únicamente en exigir explicaciones diplomáticas a Washington, sino en demostrar que las instituciones del Estado mexicano tienen la capacidad operativa, tecnológica y moral de someter a los cárteles en la Sierra Tarahumara sin necesidad de que agentes de la CIA tengan que morir de incógnito en los barrancos del norte para lograrlo; tiene que demostrar que su gobierno no protege a políticos coludidos con el narco, como Rocha Moya, Marina del Pilar o Américo Villarreal; tiene que demostrar que su gobierno no persigue a gobernadores que sí combaten frontalmente al crimen organizado. Eso sí es soberanía nacional.
