En una de las sesiones más recientes de la SCJN, el Máximo Tribunal impuso restricciones a los padres y tutores que no cumplen con sus responsabilidades hacia los menores a su cargo.
El Cronista
El fallo, emitido el pasado 11 de noviembre de 2025, proporciona claridad y subraya el derecho de todas las niñas, niños y adolescentes a recibir alimentos, validando las disposiciones del Código Penal de Tamaulipas, al considerar constitucional el castigo por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.
En una decisión que establece un precedente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, determinó que los padres o tutores que no cumplan con el pago de alimentos a sus hijas e hijos podrán enfrentar sanciones penales, a menos que exista un motivo plenamente justificado.
“Las personas que tienen la obligación legal de brindar alimentos no pueden dejar de hacerlo sin un motivo justificado, por lo que incumplir con esta responsabilidad puede generar consecuencias penales”, señaló la Corte Suprema en su comunicado oficial No. 260/2025.
Lineamientos precisos de la SCJN para la protección de la niñez
El Pleno de la Suprema Corte ratificó una sentencia condenatoria contra un progenitor que no cumplió con su obligación alimentaria, al determinar que el tipo penal estatal asegura seguridad jurídica y expone con precisión los elementos constitutivos de el delito.
Adicionalmente, los ministros aclararon que la frase “sin motivo justificado” debe ser analizada de manera individual, de acuerdo con las circunstancias particulares de cada núcleo familiar y que no es imperativo quela ley especifique todos los escenarios posibles para su implementación.
Un fallo que favorece la justicia familiar
La resolución también ratifica el derecho a recibir alimentos como un componente esencialdel interés superior dela niñez, promoviendo una cultura de responsabilidad familiar y respeto a los derechos de las y los menores.
Con esta decisión, el Máximo Tribunal envía un mensaje contundente sobre la responsabilidad de los adultos hacia sus hijos, fortaleciendo el marco jurídico de protección a los menores y asegurando que el incumplimiento no quede impune.
Esta determinación judicial transforma el panorama de la justicia familiar en México, al establecer un criterio vinculante que prioriza los derechos de la infancia sobre los conflictos entre adultos.
Con esta decisión, la SCJN avanza decisivamente hacia una protección efectiva y tangible de los menores, un hito que sin duda dejará huella en la historia.
