*Alejandro Domínguez: auditoría a la administración corralista.
Sin duda, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado, es un personaje polémico en varios de los aspectos de su desempeño político, administrativo y personal. Uno de los aspectos que también resulta controversial en el ejercicio gubernamental que el aún mandatario está por concluir, es el relativo al manejo financiero del Estado, pues no obstante lo ofrecido en campaña y al inicio de su mandato, en el sentido de ordenar las finanzas públicas, los resultados dejan mucho qué desear. La ausencia de obra pública y los adeudos no pagados a proveedores, así como el crecimiento de la deuda pública, son indicadores que permiten concluir el erróneo manejo que se dio al presupuesto público por parte del gobierno saliente. Bajo tal tesitura, no es de extrañar la reciente postura del dirigente estatal del PRI, Alejandro Domínguez, quien ha solicitado que se revise y audite el estado en el que se encuentran las arcas chihuahuenses, con motivo de la entrega-recepción de los gobiernos saliente y entrante, de Javier Corral y María Eugenia Campos, respectivamente.
Más allá de las circunstancias en las que actualmente se halle la tesorería pública de Chihuahua, así como independientemente de las fallidas políticas que en este rubro se aplicaron por parte del equipo político administrativo que hoy está por entregar su responsabilidad a quienes habrán de sucederlo, lo fundamental es que se instituya un cambio sustancial y de fondo en la materia. Para nadie es un secreto que la pesada deuda pública estatal, la amplia nómina burocrática y el gasto corriente del aparato gubernamental absorben una considerable cantidad de recursos financieros, reduciendo de modo significativo el margen de maniobra de la administración para que ésta realice inversiones en materia de gasto social e infraestructura.
Por tales razones es pertinente la implementación de una eficaz reingeniería financiera y administrativa, que permita al nuevo gobierno disponer de la mayor cantidad posible de recursos, para atender las necesidades que implica la tarea de gobernar a Chihuahua. No obstante lo expresado, es evidente que resulta oportuna, y quizá hasta necesaria, la acción propuesta por Alejandro Domínguez en lo que concierne a la auditoría sobre la legalidad, transparencia y sensatez en el ejercicio de los presupuestos públicos durante la administración corralista. Tal vez el análisis de las decisiones que en materia financiera y administrativa se tomaron en el transcurso de los últimos cinco años, permita detectar errores que contribuyan a fijar nuevos criterios, así como a eliminar malas prácticas que lesionan el erario público en perjuicio de los chihuahuenses.
