• El PRI: aún sin definición.
• Campos y Pérez Cuéllar: bajo el asedio de Corral.
• López Obrador reclama su libertad de expresión para apoyar a MORENA.
El Partido Revolucionario Institucional aún no define en manos de quien quedará su candidatura al gobierno del Estado. Ha dado inicio el proceso electoral que culminará el año entrante con la elección de gobernador, diputados federales, diputados locales, regidores, síndicos y alcaldes, y en dicho partido aún no se designa al abanderado o abanderada que representará las siglas tricolores en los comicios del 2021. Dicha indefinición se debe a que en el priismo todavía no se sabe si se postulará a mujer u hombre como candidato a gobernador, y tampoco se ha tomado la decisión entre la alternativa de competir sin la colaboración de otros partidos, o participar en alianza con el PAN y el PRD, como ocurrirá en el caso de un buen número de distritos electorales federales en el país. Por ahora la incertidumbre permanece; el PRI tiene la palabra para despejarla.
Luego de las claras muestras dadas por el gobierno del mandatario estatal de Chihuahua, Javier Corral, para llevar a juicio a la alcaldesa capitalina, María Eugenia Campos, y el senador Cruz Pérez Cuéllar, dicha acción tensó más la ríspida relación entre el gobernador y los mencionados actores. Además, la estrategia de Corral tiene un claro trasfondo político-electoral pese a estar escudada en el programa insignia del corralismo, denominado “Operación Justicia para Chihuahua”, al cual, no obstante haber sido supuestamente diseñado para combatir la corrupción, la manipulación que Corral ha ejercido sobre él durante todo el quinquenio lo ha puesto al desnudo para mostrar su verdadera naturaleza de artilugio político-electorero. Mientras no se defina la situación jurídica de Campos y Pérez frente a las imputaciones que se les formulan por su supuesta recepción de pagos ilícitos durante el anterior sexenio, ambos aspirantes a la gubernatura de Chihuahua continuarán siendo víctimas del asedio de Corral.
El presidente Andrés Manuel López Obrador se ha quejado recientemente de los límites éticos y jurídicos que le imponen la obligación de abstenerse de hacer comentarios sobre los partidos políticos y la elección del año entrante. En sus conferencias mañaneras, el mandatario nacional prácticamente ha hecho política electoral desde el inicio de su sexenio, una veces de manera sutil y en otras ocasiones en forma abierta, pero siempre lo ha hecho. Es pertinente recordar que el deber de cualquier mandatario nacional, en cualquier país, es hacer política para poner en práctica su programa de gobierno y alcanzar los objetivos trazados en el mismo, es decir, política administrativa gubernamental. No obstante ello, durante los dos años que López Obrador lleva al frente del gobierno de México, ha centrado buena parte de su discurso en los temas político-electorales y partidistas, así como en lo que parece ser una estrategia dirigida a lograr la polarización de la sociedad. En virtud del carácter público de la investidura del presidente, así como debido a los recursos que emplea en sus diarias alocuciones matutinas, el jefe del estado mexicano podría estar incurriendo en el delito de peculado electoral. El presidente no lo ve así, él defiende su “libertad de expresión”, con el claro fin de continuar apoyando a MORENA.
