*Las dos caras del conflicto entre México y Ecuador.
*Auditor de Desempeño de la ASF: Víctima de la opacidad de López Obrador.
Son varias las lecturas que se derivan del reciente conflicto diplomático suscitado entre Ecuador y México, a raíz de la irrupción acometida por fuerzas armadas de aquel país en la embajada mexicana en Quito, durante el operativo de aprehensión del ex vicepresidente Jorge Glas. Es evidente que Ecuador transgredió el derecho de inviolabilidad de la misión diplomática mexicana, al haber ingresado a ésta sin autorización y de manera violenta; dicho derecho constituye una protección internacionalmente reconocida por la Convención de Viena, para las relaciones diplomáticas -y las embajadas- de todos los países firmantes del tratado, y debe respetarse.
Luego del injustificado quebrantamiento a dicha norma, el gobierno ecuatoriano ha explicado que se vio obligado a realizar el cuestionado operativo de incursión en virtud de la negativa del gobierno mexicano para atender las solicitudes formales que le fueron formuladas para la entrega de Glas ante las autoridades de Ecuador. Glas tiene en su contra una sentencia por temas de corrupción, y desde tiempo atrás se encontraba refugiado en la sede mexicana, con la clara intención de huir hacia México y evadir la justicia ecuatoriana.
Así, a pesar de todo, es obvio que no existe justificación alguna para el ilegal allanamiento perpetrado por Ecuador contra la embajada de México, sin embargo, hasta el momento tampoco se tiene una explicación que justifique el rechazo de México ante la petición de entrega al Estado de Ecuador del ciudadano Glas, a quien un tribunal de Ecuador juzgó y sentenció al haberlo encontrado responsable de la comisión de hechos delictivos. No obstante que resultan cuestionables tanto la acción ecuatoriana como la omisión mexicana, surge la pregunta respecto a cuál de estas posturas resulta moralmente más grave; es decir, ¿Qué es más lesivo y reprobable desde los puntos de vista moral, político y jurídico, el operativo de allanamiento ordenado por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, o la deliberada protección brindada a Glas por el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador?
Otro asunto que ha generado gran controversia es el reciente cese de Agustín Caso Raphael, Auditor Especial de Desempeño, de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a quien David Colmenares, titular de la ASF, removió de su puesto por cumplir con sus obligaciones -aunque parezca absurdo-, ya que al apegarse a su deber ético y legal Caso había venido siendo un auditor profesionalmente puntual en el cumplimiento de su deber, pero políticamente incómodo para el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Caso Raphael, apegado a criterios técnicos y legales venía desempeñando su función haciendo observaciones a las decisiones tomadas por el presidente, o a irregularidades detectadas en algunas obras y erogaciones de la presente administración. Caso, fue el encargado de auditar en el año 2021 al Nuevo Aeropuerto Internacional de México en Texcoco (NAIM), y reveló que el costo de su cancelación fue de 300 mil millones de pesos, y no 100 mil millones de pesos como había dicho el gobierno de López Obrador.
Es pertinente recordar que el proyecto del NAIM, iniciado por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, y destinado a convertirse en uno de los aeropuertos más grandes del mundo, así como en importante detonador económico de México, fue cancelado -contra la opinión de los experrtos y de muchos sectores- por órdenes por López Obrador, cuando éste aún era presidente electo, meses antes del inicio de su gobierno.
Luego del injusto cese cometido en su contra, Caso ha revelado en forma pública el manejo político que bajo la titularidad de David Colmenares se ha dado a la ASF, en perjuicio de la autonomía e imparcialidad de esta institución. La renuencia a transparentar su administración ha sido una constante en el presidente López obrador, ejemplos de ello son, entre otros, el Tren Maya y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyas auditorías, según lo dicho por Caso, han sido Obstaculizadas sin razón. Sin duda, el cese de Caso es una consecuencia más de la sistemática opacidad con la que se ha conducido de Andrés Manuel López Obrador.
