Recientemente se efectuó la marcha nacional por la democaracia. En todo el país miles de personas manifestaron su reclamo y preocupación frente al régimen del presidente Andrés Manuel López Obrador, en exigencia de elecciones limipas y respeto a las normas democráticas. Tal manifestación se deriva de la postura que ha asumido desde tiempo atrás el mandatario frente a la sociedad nacional, pues la confrontación y la división han sido dos de las características de la forma de hacer política de Andrés Manuel López Obrador. La confrontación que que hoy vive México sistemáticamente se ha venido promoviendo desde la tribuna presidencial como estrategia política con fines electorales. Dicha estrategia ha sido desplegada de manera permanente a través de un reiterado y cotidiano discurso que trata de retratar al país como un escenario de buenos contra malos, en el cual las virtudes ciudadanas son patrimonio exclusivo de quienes están del lado del presidente mientras que sus detractores representan el lado oscuro de la sociedad porque son sinónimo de corrupción y descomposición social.
Sin embargo, la confrontación que hoy existe en México también se desprende de los evidentes intentos que el actual gobierno ha realizado por desarticular el andamiaje jurídico-político que garantiza el equilibrio y la división de podere así como la preservación del orden democrático. Ejemplos claros de esto son los recurrentes ataques políticos dirigidos por el presidente contra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y el empeño por introducir cambios constitucionales que es subviertan el proceso de conformación de dicho órgano jurisdiccional, así como su estructura y funcionamiento; esto con el avieso fin de acabar con su independencie e imparcialidad. Es decir, no sólo se ha generado confrontación social mediante el discurso intencionalmente dirigido para el logro de tal propósito, sino que esta también ha sido resultado de la reacción ciudadana ante las amenazantes acciones del gobierno contra el marco jurídico constitucional y las instituciones como la SCJN, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, y el Instituto Nacional Electoral que sirven como contrapeso al poder presidencial. Por estas razones salieron los ciudadanos a la calle para manifestar a AMLO su exigencia de respeto a las elecciones, la ley, las instituciones, la democracia y la libertad.
La reciente presentación por parte de Alejandro Domínguez, del libro de su autoría, Gobiernos de Coalición, resulta acorde a la actual circunstancia que se vive a nivel nacional y estatal, y que ha motivado la alianza entre los partidos opositores PAN-PRI- PRD y organizaciones civiles, para formar un bloque competitivo en el presente proceso electoral que definirá la presidencia de México, así como las cámaras de diputados y senadores, y un buen número de gubernaturas, congresos locales ayuntamientos, sindicaturas y regidurías.
El dirigente estatal del PRI en Chihuahua, con el distinguido acompañamiento del exgobernador José Reyes Baeza Terrazas, y el Secretario General del Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, ha presentado su libro en un entorno que refleja la pluralidad de la alianza electoral contemporánea a la que han dado vida los partidos políticos de oposición y la sociedad civil. Una alianza electoral surgida ante la necesidad de conformar en Chihuahua y en México gobiernos de coalición garantes del respeto a la ley y las instituciones. La seria amenaza que hoy enfrentamos los ciudadanos mexicanos ante el inminente riesgo de perder nuestras libertades y derechos cívicos y políticos, así como nuestras instituciones democráticas, ha puesto en el escaparate la posibilidad del ejercicio gubernamental de manera coaligada. México se encuentra en la antesala de un nuevo e inédito modelo de gobierno que podría concretarse con el resultado electoral del próximo 2 de junio. Modelo de gobierno que a través de su buen libro Alejandro Dóminguez ha venido a poner en la agenda pública en forma oportuna.
