*Los malos manejos de la SEDENA.
*El desenlace del engaño de Samuel García y AMLO.
*Certidumbre jurídica: requisito para el nearshoring y una pacífica elección.
Mal ejemplo da la Secretaría de la Defensa Nacional al haberse ventilado públicamente sus nexos con Alejandra Aguilar Solórzano, quien en años recientes vendió al secretario Luis Cresencio Sandoval un polémico departamento de lujo en condiciones de ganga, dichos nexos, hoy ventilados a nivel nacional por la prensa, son evidentes mediante el otorgamiento de contratos millonarios del ejército a una empresa copropiedad de Alejandra Aguilar. Por desventura, el actual gobierno, que se anuncia como representante de una transformación positiva para México, no da muestras de caminar en el sentido que los mexicanos esperamos.
Aún es incierto el término de la crisis provocada en el Estado de Nuevo León por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Samuel García con motivo de la imposición presidencial de este último como candidato de Movimiento Ciudadano, con la clara intención de debilitar la campaña de Xóchitl Gálvez, candidata opositora impulsada por el Frente Amplio por México y la alianza PAN-PRI-PRD. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado el nombramiento de Luis Enrique Orozco, a quien el Congreso del Estado de Nuevo León nombró como gobernador interino ante la solicitud de licencia de García. Sin embargo, pese a la validez legal de la designación de Orozco éste no pudo rendir protesta del cargo, debido a la tensa situación política que vive esa entidad. García ha dicho que dejará la candidatura para reasumir el puesto de Gobernador.
Este controvertido episodio, de tinte electoral, demuestra una vez más las lesivas consecuencias de las maniobras políticas que López Obrador suele realizar al querer controlar la vida pública del país aún a contrapelo o en perjuicio del marco legal y las instituciones. También es clara la relevancia del papel que viene jugando la SCJN para impedir los atropellos contra la institucionalidad cometidos por el titular del Poder Ejecutivo. Este escenario desgasta indudablemente tanto a Andrés Manuel López Obrador como a Samuel García, quién se ha prestado de manera servil para ser instrumento de las argucias del mandatario nacional.
Observadores de la iniciativa privada comienzan a ver con preocupación el futuro inmediato del país, pues advierten que la fortaleza del marco jurídico institucional es requisito indispensable para que México viva un proceso electoral pacífico en el año 2024, así como para que el “nearshoring” y los beneficios que de este se esperan sean una realidad en la economía nacional. El Estado de derecho, cuyo fundamento es el respeto a la aplicación de ley, constituye la base de la estabilidad y el desarrollo político y económico. Con absoluta razón la IP clama porque durante las elecciones del año venidero se respete la voluntad del electorado así como los cauces legales para dirimir las controversias que eventualmente se susciten. Asimismo, es acertada la advertencia que el sector privado formula para que el Gobierno genere confianza respecto a la solidez de las instituciones jurisdiccionales. La inobservancia de la ley es el primer paso para el caos político y social. El presidente Andrés Manuel López Obrador está obligado a garantizar certidumbre sobre la estabilidad jurídica y política del país, condiciones indispensables para el desarrollo democrático y económico de México.
