*Miguel Díaz Canel: condecorado por amistad.
*El Presidente y la ministra: blindajes obligados.
Muy Cuestionada ha sido durante los recientes días la condecoración otorgada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a su homólogo cubano Miguel Díaz Canel, al otorgar a éste la orden Mexicana del Águila Azteca máximo honor que rinde el Estado mexicano a personas extranjeras. El objeto de esta distinción es reconocer los servicios prominentes prestados a la Nación Mexicana o a la Humanidad. Las críticas y expresiones de inconformidad por la entrega del galardón al político cubano provienen tanto de ciudadanos comunes, así como de intelectuales, políticos, periodistas, académicos y analistas, quienes coinciden en señalar que Miguel Díaz Canel no reúne los requisitos y méritos necesarios para haber recibido el reconocimiento que López Obrador le hizo el mandatario mexicano.
Para entender la razón que les asiste a los críticos de la injustificada decisión del presidente López Obrador solo hay que analizar las condiciones de ausencia de libertades políticas, cívicas y personales, represión política y transgresión a los derechos humanos en las cuales vive el pueblo de Cuba bajo el gobierno de Miguel Díaz Canel, quien es el actual representante del régimen dictatorial instaurado por Fidel Castro, heredado por su hermano Raúl poco tiempo antes de la muerte de aquél, y continuado ahora en manos de Díaz Canel, tercero en el orden de una dinastía que inició el primero de enero de 1959 y lleva 64 años en el poder en Cuba. Bajo tal tesitura, resulta irrefutable la postura de quienes con absoluta sensatez han censurado el gesto del presidente López Obrador al condecorar en nombre de México a Miguel Díaz Canel, cuya único mérito es ser amigo del actual mandatario mexicano.
Levantaron estridencia las recientes insinuaciones en las que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se vio mencionado en una manifestación hecha respecto a un soborno por narcotráfico. Tal hecho aconteció a raíz de manifestaciones hechas por César De Castro, abogado defensor del ex-secretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, en el juicio que se sigue a éste por la justicia de los Estados Unidos. El presidente mexicano ha dicho que contempla la posibilidad de interponer una acción jurídica por daño moral en contra de De Castro.
Otro asunto que también ha causado impacto mediático es el sonado caso de las acusaciones de plagio de tesis profesional que pesan sobre la amiga y correligionaria morenista del presidente López Obrador, Jasmín Esquivel, quien ocupa el alto cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de haber declarado que no tiene nada qué ocultar ni de qué avergonzarse, la alta funcionaria judicial, en un evidente cambio de postura prefirió evitar riesgos, por lo que interpuso una demanda de amparo y obtuvo una suspensión mediante la que seguramente se impedirá la actuación del Comité de Ética de la UNAM, órgano disciplinario y académico que investiga el supuesto plagio de la tesis.
Las respectivas posturas asumidas por el presidente López Obrador y la ministra Esquivel constituyen, evidentemente, una estrategia de blindaje que éstos han decidido oponer frente al desgaste y desprestigio político que representan tanto para ellos en lo personal como para el gobierno de la llamada 4T las actuales circunstancias en las que ambos se encuentran inmersos. No son pocas ni menores las presunciones o hechos que se han divulgado respecto a supuestos o reales actos de deshonestidad en los que se han visto involucrados el mismo presidente AMLO, y personajes cercanos a él o servidores públicos ligados a su partido.
Entre estos acontecimientos que han impactado a la 4T se pueden mencionar la publicación del libro “El Rey del Cash”, que revela las transacciones político-electorales con dinero en efectivo realizadas por el actual primer mandatario mexicano antes de su llegada al gobierno del país; así como los diversos videos en los que aparecen recibiendo fajos de dinero Pío López Obrador, hermano del presidente, la senadora de MORENA, Rocío Abreu, y algunos funcionarios del gabinete de la gobernadora morenista del Estado de Campeche, Layda Sansores. Por todo esto, es obvio que la pretendida demanda por daño moral al presidente, así como el amparo obtenido por la ministra, constituyen un blindaje político necesario para contrarrestar el deterioro de la imagen y credibilidad del gobierno actual y su partido.
