AYER se registró un accidente que, por fortuna, no pasó a mayores, aunque pudo haber tenido consecuencias mucho más graves. Las fuertes ráfagas de viento derribaron una estructura de madera que terminó golpeando y lesionando a cuatro personas adultas y dos menores de edad.
Afortunadamente, las heridas fueron leves y todos recibieron atención médica inmediata. Se trataba de una figura de madera instalada a unos metros del Palacio Municipal, como parte de la escenografía que daba vida a las celebraciones del Día de Muertos.
El incidente, sin embargo, inevitablemente evocó el recuerdo de la tragedia del Aeroshow, cuando una troca modificada, conocida como Monster Truck, arrolló a decenas de personas, dejando nueve muertos y un saldo de 59 lesionados, muchos de los cuales todavía padecen las graves secuelas de aquel fatídico 5 de octubre de 2013.
No se trata de comparar las dimensiones de ambos acontecimientos, porque afortunadamente esta vez sólo hubo lesiones menores. También es justo reconocer que las personas afectadas recibieron atención inmediata y que el Municipio anunció que cubriría los gastos médicos, algo que debe reconocerse.
Pero lo que no puede pasarse por alto son las omisiones en materia de inspección y seguridad de las estructuras instaladas para este tipo de eventos, a los que acuden decenas de miles de capitalinos y visitantes.
La responsabilidad de Protección Civil municipal y estatal no consiste únicamente en reaccionar cuando ocurre un accidente, sino en anticiparse a los riesgos, verificar las instalaciones y considerar las condiciones meteorológicas. Más aún cuando ambas dependencias cuentan con información suficiente para conocer las posibilidades de fuertes vientos y tomar las medidas preventivas correspondientes.
Lo ocurrido era perfectamente previsible y, por lo tanto, evitable. No estamos hablando de una situación extraordinaria que estuviera fuera de control, sino de una estructura de madera que debía contar con las condiciones necesarias para permanecer segura ante las inclemencias del tiempo.
Hoy podrán decir que no pasó nada, que sólo fueron unas tablas y seis personas con lesiones leves, pero el aviso ya está sobre la mesa. El accidente tocó la puerta y, por fortuna, no terminó en tragedia como sucedió durante el Aeroshow, en tiempos de la administración municipal de Marco Quezada.
La prevención no puede quedar a merced de la buena suerte, y quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad debe responder por las omisiones. Esta vez hubo seis lesionados; la próxima no necesariamente habrá la misma fortuna.
LA GOBERNADORA María Eugenia Campos Galván terminó por confirmar lo que ayer comentábamos sobre la alianza entre el PAN y el PRI rumbo a las elecciones de 2027.
La mandataria reconoció que efectivamente el sábado sostuvo una reunión en la capital con el dirigente nacional priista, Alejandro “Alito” Moreno, encuentro en el que avanzaron los acuerdos para construir una coalición electoral, bajo la estrategia y el interés común de impedir que llegue al poder el llamado “partido de la muerte” y mantener a Chihuahua en libertad.
Así lo expresó la gobernadora para dejar constancia de los avances y de parte de los acuerdos alcanzados durante esa reunión privada, que se prolongó aproximadamente una hora. La alianza dejó de ser una especulación para convertirse en una negociación política que ya camina con rumbo definido.
Ahora vendrá lo más complicado: repartir el pastel entre ambos partidos, porque una cosa es ponerse de acuerdo en el discurso y otra muy distinta es distribuir las candidaturas, las posiciones y los espacios de poder.
Aunque el pastel todavía no está completamente horneado, los ingredientes principales ya están sobre la mesa. Hay que recordar que el convenio de coalición tendrá que quedar formalizado el próximo mes, y para entonces deberán estar mucho más claros los nombres y las posiciones que estarán en juego.
La candidatura a la gubernatura prácticamente está definida para el panista Marco Bonilla, aunque todavía falta que el PAN oficialice el nombramiento y que el PRI termine de acomodar sus piezas en el tablero. Lo interesante será conocer cuánto está dispuesto a ceder Acción Nacional y qué tanto poder de negociación conserva el priismo, que llega a la mesa con menos votos, pero todavía con estructura territorial y experiencia electoral. En política, las alianzas se anuncian con discursos de unidad, pero se terminan de negociar con candidaturas y espacios.
LA PRÓXIMA semana el PAN tendrá que resolver, o por lo menos comenzar a definir, quién relevará a Daniela Álvarez al frente de la dirigencia estatal, considerando que la actual presidenta se perfila para buscar la candidatura a la alcaldía de Ciudad Juárez.
Por lo pronto, ya comenzaron a circular algunos nombres, entre ellos el de Fernando Álvarez Monje, actual secretario particular de la gobernadora María Eugenia Campos, y el del alcalde de Delicias, Jesús Valenciano García. Los dos tienen perfiles competitivos, pero la cercanía con Palacio de Gobierno podría inclinar la balanza en favor de Álvarez Monje, salvo que en la dirigencia nacional se determine que la sucesión debe recaer en una mujer.
En ese escenario, los vientos podrían soplar a favor de la diputada federal Rocío González Alonso, quien también aparece como una alternativa con trayectoria y presencia dentro del panismo.
La decisión no es menor, porque quien llegue a la presidencia estatal tendrá en sus manos buena parte de la operación política y electoral del partido en una etapa en la que el PAN necesita mantener cohesionada a su estructura, atender las negociaciones con el PRI y preparar el terreno para 2027.
No será solamente un relevo administrativo, sino una pieza más en el reacomodo de fuerzas que ya comenzó dentro del panismo chihuahuense.
Y aunque los nombres están sobre la mesa, la última palabra seguramente tendrá mucho que ver con lo que se decida desde Palacio de Gobierno y la dirigencia nacional. Porque en el PAN todos hablan de piso parejo, pero a estas alturas nadie ignora que las decisiones importantes pasan por el visto bueno de quienes llevan el control político del partido.
