Cruz y Andrea / Los defensores municipales / Juez detenido con fuero / Megapuente en el STJ
SI NO HAY retraso de último momento, esta semana, después de los festejos patrios, comenzarán a conocerse las definiciones de Morena para las candidaturas a la gubernatura y las alcaldías.
El tiempo se les está agotando y la presión interna aumenta, sobre todo después de que el partido anunció a sus cinco “defensores” estatales y decidió posponer las definiciones en otros 12 estados, oficialmente por complicaciones con las encuestas y los famosos empates técnicos.
La realidad política, sin embargo, parece ser otra: los acuerdos y las negociaciones todavía no terminan de cuajar en Morena, donde pesan demasiado las posiciones del Grupo Tabasco, las presiones desde Palacio Nacional y, por supuesto, los cacicazgos regionales que tampoco están dispuestos a ceder fácilmente sus espacios.
En el caso de Chihuahua, donde se ha dicho que las encuestas no terminan de definir entre uno y otro aspirante, la entidad estaría en la agenda apenas un día después del desfile de Independencia.
Ahí es donde podría conocerse el acuerdo que llevaría a Cruz Pérez Cuéllar a la candidatura por la gubernatura y a Andrea Chávez a la alcaldía de Ciudad Juárez. De confirmarse, sería una de esas negociaciones políticas en las que todos terminan diciendo que ganó la democracia, aunque nadie crea demasiado en el cuento.
De los cinco aspirantes que originalmente se registraron para la defensa de la Cuarta Transformación en Chihuahua, la contienda terminó reducida prácticamente a dos nombres: Andrea Chávez y Cruz Pérez Cuéllar.
El profesor Martín Chaparro, fundador de Morena, quedó fuera de la competencia, mientras que Luis Carlos Arrieta, registrado por el PT, y Rosana Díaz, vinculada al Verde, parecen haber quedado convertidos en registros de papel mojado.
Y todavía falta la otra parte del reparto: Morena deberá emitir esta misma semana la convocatoria para las defensorías municipales, prácticamente en paralelo con las definiciones estatales.
En Chihuahua capital hay varios nombres que ya se mueven por esa posición y, posteriormente, por la candidatura: la diputada Brenda Ríos, quien lleva tiempo encabezando algunas mediciones; el exalcalde Marco Quezada, que ya conoce la derrota electoral; el regidor Miguel Riggs y Héctor Ochoa, identificado con el grupo de Marcelo Ebrard. Así que la tómbola morenista todavía tiene varios boletos por sacar.
QUEDÓ claro el mensaje enviado por el fiscal Anticorrupción de Chihuahua, Abelardo Valenzuela Holguín, al Poder Judicial del Estado: en Chihuahua no debe haber jueces intocables ni servidores públicos por encima de la ley. Y no se trata únicamente de que estén capacitados para ejercer una función tan delicada; también importa que sus decisiones tengan sustento jurídico, respeto al Estado de Derecho y, desde luego, estén alejadas de cualquier sospecha de corrupción.
El viernes pasado fue detenido un juez de Parral por un hecho relacionado con corrupción y posteriormente fue vinculado a proceso. El asunto, sin embargo, abrió una discusión jurídica que no es menor: el juzgador contaba con fuero constitucional, por lo que, aun cuando estuviera suspendido de sus funciones, su detención requería seguir el procedimiento correspondiente.
En términos estrictamente jurídicos, la Fiscalía Anticorrupción debió solicitar previamente al Congreso del Estado el retiro del fuero para proceder a su detención. Eso no ocurrió así: primero vino la aprehensión y después la separación del cargo. Ahora habrá que determinar no solamente la responsabilidad del juez involucrado, sino también si el procedimiento seguido por la Fiscalía fue el correcto.
La pregunta queda sobre la mesa: ¿quién va a revisar la actuación de Abelardo Valenzuela, quien solicitó la orden de aprehensión, y del juez que la concedió? Porque si el combate a la corrupción pretende ser serio, también debe ser escrupulosamente respetuoso del procedimiento legal. La justicia no puede combatir una irregularidad cometiendo otra.
