Maru no elige / Pero tiene el Vo.Bo / Reaparecen lo ex contra Cruz / Nacer en la chingada y no es rancho
LA GOBERNADORA del Estado, María Eugenia Campos Galván, dejó en claro que habrá piso parejo para la sucesión gubernamental y para quienes aspiran a las alcaldías, aunque es evidente que su opinión tendrá un peso específico en las decisiones políticas que se tomarán rumbo al 2027.
Al afirmar que “gobernador no pone gobernador y gobernador no pone alcalde; sería el beso del diablo”, la mandataria recurrió al sarcasmo para enviar un mensaje de apertura, acompañado incluso de una sonrisa que dejó ver la intención política detrás de la frase.
Maru Campos sostiene que no hay línea ni candidatos preferidos desde Palacio de Gobierno, aunque reconoció que la mayoría de los aspirantes ya han buscado dialogar con ella y que, llegado el momento, sostendrá conversaciones con las dirigencias de su partido para abordar la definición de candidaturas.
La gobernadora retomó una expresión que otros mandatarios, de distintos partidos, han utilizado históricamente para deslindarse de las decisiones internas, una especie de acto de contrición política que pocas veces coincide con la realidad de los procesos sucesorios.
La tradición política indica que la opinión del gobernador en turno difícilmente pasa desapercibida, y aunque formalmente no exista imposición, el visto bueno o el llamado “palomeo” de quienes llegarán a la boleta suele salir desde el despacho principal de Gobierno.
Más aún cuando Maru Campos mantiene un liderazgo fortalecido, incluso en la recta final de su administración, luego de la confrontación política y jurídica que Morena y el Gobierno Federal emprendieron en su contra durante los últimos meses.
La apuesta parece orientarse a privilegiar perfiles con resultados en la función pública, sin cerrar la puerta a candidaturas ciudadanas o externas que, aun sin militar en el Partido Acción Nacional, puedan convertirse en opciones competitivas.
Por ahora, el principal mensaje de la mandataria es esperar los tiempos, respetar las reglas y aguardar la convocatoria, que ha sido anunciada en repetidas ocasiones, pero que hasta el momento sigue sin publicarse.
LOS EXALCALDES panistas Ramón Galindo y Gustavo Elizondo decidieron llevar al terreno judicial sus señalamientos contra el alcalde con licencia de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, al presentar una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos de peculado y uso indebido de facultades y atribuciones.
Los denunciantes sostienen que existe un daño patrimonial superior a los 105 millones de pesos y aseguran contar con la documentación suficiente para acreditar las presuntas irregularidades cometidas en la contratación del servicio de arrendamiento de ocho barredoras mecánicas.
“Vamos a demostrar que lo que estamos señalando tiene sustento”, afirmaron al concluir la presentación de la denuncia, dejando claro que buscarán que la Fiscalía lleve el caso hasta sus últimas consecuencias.
El expediente señala que el Municipio de Juárez celebró un contrato por 29 meses, del 5 de abril de 2022 al 31 de agosto de 2024, para el servicio de barrido mecánico mediante ocho unidades, con un monto total de 105.6 millones de pesos, cifra que ahora será materia de investigación.
EL INTERCAMBIO entre el coordinador de Morena en el Congreso, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, y el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, escaló rápidamente del debate político a las alusiones personales, luego de los cuestionamientos sobre el origen del funcionario estatal.
De la Peña respondió con ironía y recurrió a una de las frases más conocidas de Chavela Vargas, al señalar que “los chihuahuenses nacemos donde nos da nuestra chingada gana”, para después declararse “chihuahuense hasta las cachas”.
Más allá de la anécdota, el funcionario llevó la discusión al terreno jurídico, al recordar que la propia Constitución del Estado establece quiénes son considerados chihuahuenses, por lo que invitó a la bancada morenista a revisar el marco legal antes de emitir cuestionamientos.
La respuesta política fue contundente y buscó cerrar el debate con argumentos constitucionales, dejando en claro que, en tiempos de confrontación rumbo al proceso electoral, cualquier declaración puede convertirse en un nuevo frente de disputa entre el Gobierno del Estado y Morena.
