Campañas totales / Y de dónde viene la lana / Cruz promete hospitales / Tere levanta la mano… pero
LAS DEFENSORÍAS de la Cuarta Transformación, de la patria o de las familias, creadas por los partidos políticos, se han convertido en el instrumento perfecto para realizar campañas anticipadas sin violentar, al menos en apariencia, la Ley Electoral.
El mecanismo resulta eficaz, aunque éticamente cuestionable. No constituye un delito porque la legislación mantiene vacíos importantes, pero sí representa una ventaja indebida para quienes buscan posicionarse antes que el resto de los aspirantes.
Morena diseñó esta ruta desde que Andrés Manuel López Obrador presentó a sus llamadas “corcholatas”, quienes recorrieron el país bajo la figura de defensores de la Cuarta Transformación y con el argumento de celebrar reuniones informativas.
El modelo tuvo tanto éxito que hoy PAN y PRI replican exactamente la misma estrategia, convencidos de que la autoridad electoral carece de herramientas para sancionarla.
Incluso antes existieron antecedentes similares, como el movimiento de Los Amigos de Fox, que impulsó la candidatura presidencial de Vicente Fox.
Lo verdaderamente grave es que el Congreso nunca corrigió esas lagunas legales. La simulación terminó por normalizarse y hoy forma parte del paisaje electoral mexicano.
La legislación ni siquiera contempla conceptos como las defensorías políticas y, por ello, tampoco castiga espectaculares disfrazados de entrevistas, panfletos “informativos”, bardas, volantes o campañas que simplemente niegan su autoría.
Cruz Pérez Cuéllar y Andrea Chávez, ambos con licencia en sus respectivos cargos, buscan convertirse en coordinadores estatales de la defensa de Morena mientras recorren abiertamente Chihuahua.
Del otro lado, Marco Bonilla Mendoza y Gilberto Loya también realizan actividades de posicionamiento, aunque con mayor discreción debido a que continúan en funciones.
La gran incógnita sigue siendo quién financia estas campañas y cuánto dinero se ha gastado, porque ninguno de los protagonistas parece dispuesto a superar la prueba de la transparencia, la rendición de cuentas y la ética.
MÁS ALLÁ de la opacidad que rodea la búsqueda de la defensoría estatal de Morena, Cruz Pérez Cuéllar ha logrado una importante movilidad política por diversos municipios de Chihuahua, lo que fortalece su proyecto rumbo a 2027. Su estrategia territorial ha sido constante y políticamente efectiva, independientemente del costo que haya representado.
El eje de su narrativa es la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien ha convertido en el blanco principal de sus críticas. Resulta evidente que elige cuidadosamente a sus adversarios políticos, pues evita confrontar tanto a Javier Corral como a César Duarte, concentrando todo su discurso en el actual gobierno estatal.
Lo que resulta más difícil de entender es que, sin encontrarse en una campaña constitucional, prometa nuevos hospitales del IMSS para distintos municipios del estado.
Prometer más hospitales cuando los existentes siguen sin funcionar plenamente es, cuando menos, un ejercicio de populismo electoral.
LA ALCALDESA de Aquiles Serdán, Teresa Erives, levantó la mano para buscar la candidatura del PRI a la diputación local por el Distrito 11, una aspiración legítima tanto por su trayectoria como por el peso político que mantiene su partido en ese municipio.
La competencia con la panista Miriam Soto comienza a tomar forma.
El Distrito 11 comprende Aldama, Aquiles Serdán y Meoqui, siendo este último la cabecera distrital. Aquiles Serdán representa la fortaleza del PRI, mientras Meoqui continúa siendo el principal bastión del PAN.
Por ahora, la ventaja parece inclinarse hacia Acción Nacional debido al control político que mantiene en la cabecera distrital. Sin embargo, el PRI confía en que el arraigo de Teresa Erives pueda equilibrar una contienda que apenas comienza.
