Firmas desesperadas / Nuevo despropósito / Morena juzga a Izunza / Rocha Moya cae con Chela
LA PRESIDENTA nacional de Ariadna Montiel Reyes anunció que Morena iniciará en Chihuahua una recolección de firmas ciudadanas para pedir Juicio Político en contra de la gobernadora del estado María Eugenia Campos Galván.
Sin duda, un acto desesperado luego del fracaso de la marcha del sábado, en donde se presumió que participarían 200 mil personas entre chihuahuenses e “invitados” de otros estados del país.
La propia dirigente nacional pronto eliminó varios ceros y aseguró una asistencia de 20 mil, aunque la realidad les eliminó otro cero y quedó en dos mil. Generosos como son los chihuahuenses, se le pueden conceder tres mil, pero hasta ahí.
Fuera de las cifras observadas, el hecho es que a Morena no le fue bien en la capital del estado. Ya se decía y explicaba que eligieron mal momento por sus narcopolíticos y peor lugar: ni más ni menos que el municipio más panista y, como algunos dicen, más “FIFI” del estado. Ojalá y todos lo fueran.
Ahora la estrategia de reunir firmas es sólo un acto propagandístico y proselitista. Un juicio político no necesita cientos de miles de firmas; con una sola basta. Sin embargo, algo tenía que sacar Morena para intentar “tomar” Chihuahua, como se anunció con exceso de confianza y sobrada soberbia.
La presidenta nacional de Morena, y quienes conocen de leyes dentro del partido, saben perfectamente que el camino para el juicio político debe iniciar en la Cámara de Diputados y desde ahí bajar al Congreso de Chihuahua, en donde simplemente no va a pasar, porque Morena ni siquiera tiene mayoría simple.
El caso es mantener al estado en la agenda nacional con esa pirotecnia política. La realidad demuestra que buscan lavarse la cara con Chihuahua ante el tema de los narcopolíticos de ese partido.
AHORA RESULTA que, en esa narrativa de personajes rumbo a las candidaturas de Morena para el 2027, el actual y escondido senador Enrique Inzunza Cázarez ya no es opción para la candidatura al gobierno de Sinaloa.
Hace apenas un mes era el favorito para llegar a la gubernatura, por las buenas o por las malas, como lo hizo Rubén Rocha Moya, ahora escondido y protegido por el gobierno federal en Nayarit.
Vaya cosas de las incongruencias: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirma que en México no hay pruebas contra los diez señalados por narcotráfico desde los Estados Unidos, pero sin pruebas Montiel ya los condenó políticamente. Entonces, ¿en qué quedamos?
Morena hace bien en buscar candidatos químicamente puros, pero va a estar complicado encontrarlos cuando arropó o compró a los Yunes, a Javier Corral, Gerardo Fernández Noroña, los Monreal, Adán Augusto López Hernández, Bermúdez, Mario Delgado Carrillo, Haces, los Andys y cientos más. Pues cómo es posible, dirían en Chihuahua y sin contar a ya saben quién.
LUEGO DE LA solicitud de Movimiento Ciudadano para desaforar al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, trascendió que la chihuahuense Graciela Ortiz González, en su calidad de presidenta de la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados, será una de las que encabezarán los trabajos que valorarán, en su caso, la procedencia o no de esta solicitud.
Quienes conocen del tema sostienen que este trámite tiene un procedimiento extenso que nace desde la Secretaría General de la Cámara y que en la Junta de Coordinación Política, presidida por el morenista Ricardo Monreal Ávila, determinarán si se integra la Subcomisión de Examen Previo, compuesta por las comisiones de Gobernación y Justicia.
En voz de Graciela Ortiz, el citado acuerdo todavía no ha sido aprobado por la JUCOPO. “Tenemos un plazo de 30 días para realizar una valoración previa y determinar si la persona denunciada se encuentra dentro del supuesto de juicio político o juicio de procedencia”, explicó la legisladora chihuahuense.
Ortiz comentó además que este procedimiento aún no inicia formalmente, debido a que no se ha emitido el acuerdo para la integración de la Subcomisión de Examen Previo. Y es que, como se recordará, Jorge Álvarez Máynez pidió en tribuna el desafuero del mandatario con licencia, señalado por el gobierno estadounidense de estar supuestamente vinculado con el Cártel de Sinaloa.
