POR LO PRONTO el Gobierno de México desestimó la petición del Departamento de Defensa de los Estados Unidos para arrestar al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, al senador Enrique Inzunza, al alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez y a seis funcionarios y exfuncionarios.
El común denominador es que todos pertenecen a Morena y están bajo acusaciones de la Fiscalía del Sur de Nueva York por narcotráfico, secuestro, tortura, asesinato y posesión de armas de fuego.
La respuesta de la Fiscalía General de la República llegó la tarde de ayer, luego de que por la mañana se recibió la petición norteamericana de arresto preventivo con fines de extradición.
Los cargos que ha fincado Estados Unidos presuponen penas mínimas de 40 años de prisión y máximas de cadena perpetua, desde luego en caso de ser encontrados culpables.
La FGR sostuvo en su comunicado oficial que no existen elementos probatorios suficientes que sustenten las acusaciones y, por lo tanto, no procede el arresto, en un intento por ganar tiempo bajo argumentos procesales.
El tema, que ya le dio la vuelta al mundo, coloca a la presidenta de México entre la espada y la pared: entrega a los suyos bajo el discurso de colaboración y buena relación con el vecino país, o simple y sencillamente los protege.
Negar una petición de esta magnitud hecha desde los Estados Unidos no es sencillo y podría generar una serie de implicaciones diplomáticas y políticas de alto nivel.
Hay que recordar que los cárteles mexicanos se encuentran bajo clasificación de organizaciones terroristas para efectos de la política estadounidense, lo que abre escenarios de presión inéditos en la relación bilateral.
EL PRÓXIMO primero de septiembre la jueza federal primera de distrito dictaminará sobre el caso del nuevo relleno sanitario, luego de casi dos años en los que permaneció vigente la suspensión provisional.
El resolutivo llegará después de que el grupo empresarial involucrado no presentara a los peritos que le fueron requeridos y sólo aportara parcialmente algunos elementos de prueba solicitados por la juzgadora, lo que prácticamente llevó al cierre del proceso.
Ahora corre un plazo máximo de 90 días para que la jueza analice carpetas, elementos probatorios, peritajes, permisos y diversos factores antes de emitir un fallo en cualquier sentido.
Por ahora existe la posibilidad de que la resolución favorezca al Municipio y permita iniciar la construcción del Relleno Sanitario Metropolitano, aunque la decisión final recaerá totalmente en la juzgadora.
EL SENADOR Javier Corral Jurado calificó de “marcachifles” al periodista Ciro Gómez Leyva, luego de la versión difundida sobre la supuesta negativa de la gobernadora María Eugenia Campos Galván para acudir al Senado.
Digamos que los calificativos y descalificaciones desde la tribuna política suelen tomarse de quien vienen, aunque también le recuerdan al propio senador el estilo ríspido que tanto criticó durante años y que ahora parece replicar desde Morena. Tiene fuero.
El senador morenista y expanista mantiene una vieja confrontación con el periodista, quien incluso transmitió en vivo el intento de arresto de Corral por acusaciones de corrupción en Chihuahua.
Aquel episodio terminó frustrado por la intervención de autoridades federales ligadas a la Cuarta Transformación en la Ciudad de México, en una escena que todavía sigue generando interpretaciones políticas.
Corral lanza los golpes desde el fuero y desde un evidente desgaste político, pero olvida que Ciro Gómez Leyva suele tener información privilegiada que, según se dice, surge desde las entrañas mismas del poder.
