Un juez federal de Luisiana dijo que la deportación de la niña a Honduras con su madre, a pesar de que su padre había presentado una petición de emergencia, parecía “ilegal e inconstitucional”
Th New York Times
Un juez federal de Luisiana expresó el viernes su preocupación por el hecho de que el gobierno del presidente Donald Trump hubiera deportado a Honduras a una ciudadana estadounidense de 2 años “sin un proceso significativo” y en contra de los deseos de su padre.
En una breve orden emitida desde el Tribunal Federal del Distrito Oeste de Luisiana, el juez Terry Doughty cuestionó por qué el gobierno había enviado a la niña —conocida en los documentos judiciales solo como V. M. L.— a Honduras con su madre a pesar de que el jueves su padre había solicitado en una petición de emergencia que se impidiera el envío de la niña al extranjero.
“El gobierno sostiene que todo esto está bien porque la madre desea que la niña sea deportada con ella”, escribió el juez Doughty, un conservador designado por Trump. “Pero el tribunal no lo sabe”.
Afirmando que “es ilegal e inconstitucional deportar” a un ciudadano estadounidense, Doughty fijó una audiencia para el 16 de mayo para explorar su “fuerte sospecha de que el gobierno acaba de deportar a una ciudadana estadounidense sin un proceso significativo”.
El caso de V. M. L. , del que informó previamente Politico, es el más reciente desafío a la legalidad de varios aspectos de las agresivas medidas de deportación del presidente Trump.
Siete jueces federales en tribunales de todo el país ya han impedido que, en virtud de una ley de tiempos de guerra que rara vez se invoca, el gobierno expulse a migrantes venezolanos acusados de ser pandilleros a El Salvador. La gestión también ha generado controversia al deportar injustamente a El Salvador a un hombre de Maryland, Kilmar Armando Abrego Garcia, y negarse hasta ahora a colaborar para traerlo de vuelta.
Según los documentos judiciales, la niña de 2 años había acompañado a su madre, Jenny Carolina Lopez Villela, y a su hermana mayor, Valeria, a una cita de inmigración en Nueva Orleans el martes, cuando fueron detenidas por funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.
Lopez Villela tenía prevista una expulsión acelerada del país el viernes. Y en una presentación ante Doughty, los abogados del Departamento de Justicia afirmaron que ella le “hizo saber a los funcionarios del ICE que quería conservar la custodia de V. M. L. y que V. M. L. se fuera” con ella a Honduras.
Pero en una petición presentada el jueves por la tutora de la niña, Trish Mack, su padre afirmó que, cuando habló brevemente con Lopez Villela, pudo oírla llorar a ella y a las niñas. El padre le recordó, decía la petición, que “su hija era ciudadana estadounidense y no podía ser deportada”.
El padre, a quien no se identifica por su nombre en la petición, intentó dar a Lopez Villela el número de teléfono de un abogado, pero afirma que los funcionarios interrumpieron la llamada.
La detención de V. M. L. “carece de fundamento jurídico y viola sus derechos fundamentales al debido proceso”, decía la petición. “Solicita la actuación urgente de este tribunal y pide que se ordene su liberación inmediata a su tutora, Trish Mack, quien está lista y esperando para llevarla a casa”.
Doughty dijo en su orden que él mismo había intentado investigar lo ocurrido y trató de ponerse en contacto telefónico con Lopez Villela el viernes poco después del mediodía, para “sondear su consentimiento y sus derechos de custodia”.
El juez expresó su preocupación porque, para entonces, un avión que transportaba a la madre y a sus hijas ya estuviera “sobre el golfo de América”. Sus sospechas se confirmaron, escribió, cuando un abogado del Departamento de Justicia le dijo a la 1:06 p. m. de ese día que Lopez Villela y presumiblemente sus hijas “acababan de ser liberadas en Honduras”.
La Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron inmediatamente a los mensajes en busca de comentarios.
