Un vistazo a la exposición de motivos de la iniciativa para reformar la Ley de la Industria Eléctrica muestra que fue redactada con el hígado y la ideología: “Desde hace más de tres décadas, en el marco de la política neoliberal o neoporfirista –dice–, se fue imponiendo un proceso de privatización para debilitar y transferir empresas públicas a particulares y despojar a los mexicanos de la riqueza petrolera y de la industria eléctrica nacional”.
La reforma eléctrica se hizo “a base de sobornos entregados a legisladores mediante el engaño mediático a la población”, lo que “se tradujo en negocios lucrativos para empresas particulares y políticos corruptos”.
La iniciativa, redactada en un lenguaje político que no jurídico, es reaccionaria, ya que busca regresar al país a los años 70 y a los monopolios estatales. Quizá la idea es que los monopolios económicos favorecen el surgimiento de monopolios políticos y Morena aspira a recuperar los tiempos del partido único.
La propuesta establece un orden de prelación en la compra de electricidad muy distinto al actual. El sistema eléctrico nacional tendrá que adquirir primero la energía que genere la CFE, aunque sea más cara y contaminante.
Solo después, si todavía se necesita, comprará la que produzcan los productores privados, ya sea solar, eólica o de gas en ciclo combinado. Hasta la fecha el sistema da prioridad a los generadores más baratos y limpios; el nuevo adquirirá electricidad más cara y sucia.
La iniciativa decreta que no podrá haber aumentos de precios por arriba de la inflación, pero como la CFE no tendrá control sobre los incrementos en los costos, esto puede llevar a la bancarrota de la empresa o a generar subsidios tan altos que pongan en riesgo la estabilidad financiera nacional.
La iniciativa elimina las subastas para el suministrador de servicios básicos, las cuales, afirma, “son una perversa maquinación ideada con el único propósito de garantizar la rentabilidad de las inversiones de los generadores privados en detrimento de la CFE”.
La ley también obligará a la Comisión Reguladora de Energía “a revocar los permisos de autoabastecimiento, así como sus modificaciones, en los casos en que hayan sido obtenidos mediante la realización de actos constitutivos de fraude a la ley”.
El Gobierno será juez y parte, por supuesto, y hará que muchas empresas que se han adherido a convenios de autogeneración tengan que pagar más por energía de menor calidad, lo cual las hará menos competitivas.
El presidente López Obrador había prometido no hacer cambios a la Constitución en materia de energía, en parte para no provocar un desplome de la inversión productiva. Estas enmiendas de la Ley de la Industria Eléctrica, sin embargo, son un intento por derogar la reforma energética sin modificar la Constitución.
Morena aprovechará su mayoría en el Congreso para aprobarlas, porque solo requiere de una mayoría simple, aunque habrá que ver si los tribunales consideran que las enmiendas, que constituyen una modificación retroactiva de las reglas que permitieron la inversión de miles de millones de dólares en electricidad, son realmente constitucionales.
El Gobierno busca hacer de la CFE nuevamente un monopolio. No le importa eliminar la competencia, aumentar los costos y la contaminación, y volver menos competitivas las empresas mexicanas. Lo que importa es la ideología de un grupo de políticos que no entienden cómo funcionan los mercados.
Borrón
Mientras la 4T cambia de manera retroactiva las reglas del sector eléctrico, el Gobernador morenista de Tabasco, Adán Augusto López, anuncia el borrón de la deuda de los usuarios de electricidad que dejaron de pagar a instancias de AMLO desde 1995. ¿Quién dijo que las leyes se hacen para todos?
