La Fiscalía General de la República (FGR) habría acusado al expresidente de México, Enrique Peña Nieto, y al exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, de conformar una red de sobornos para aprobar la reforma energética.
El portal Animal Político asegura que tuvo acceso al presunto contenido de las audiencias privadas del 8 y 12 de abril que por ello procesaron al exsenador, José Luis Lavalle Maury, y la teoría general del caso ya fue presentada por la FGR ante un juez federal, quien consideró que hay evidencias iniciales para presumir la comisión de delitos como asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
Afirman que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia, tras coincidir con las conclusiones de FGR, dijo: «El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas».
Añade que permitió a Peña Nieto y Vdegaray trasladar a los legisladores sobornos que superan los 97 millones de pesos y provienen de transferencias ilíticas por parte de Odebrecht.
Sobre el caso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (INAI) ordenó este miércoles que la FGR informe cuántas averiguaciones previas y carpetas de investigación abrió en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.
La FGR se la negó con el argumento de que se trataba de información confidencial, «puesto que afirmar o negar la existencia o la inexistencia de alguna indagatoria, averiguación previa o carpeta de investigación en contra de una persona física identificada estaría afectando en contra de su privacidad, honor, buen nombre y presunción de inocencia».
El comisionado Guerra Ford argumentó que los pretextos de la FGR por reservar la información eran inválidos, pues consideró que en este caso «debe prevalecer el derecho de acceso a la información por encima de la reserva, pues se trata de un exsecretario, exdiputado, exgobernador y expresidente de la República, por lo que la información reviste un interés público, dados los requisitos para ocupar los cargos de referencia, las altas responsabilidades que le correspondieron».
