Lo ocurrido en la sierra de Chihuahua no fue solo un accidente.Fue un espejo incómodo, de cómo opera realmente el Estado mexicano.
Cuatro personas murieron: dos funcionarios mexicanos y dos ciudadanos estadounidenses, tras un operativo para destruir uno de los narcolaboratorios más grandes del país. Hasta ahí, los hechos.
Lo que vino después fue lo de siempre: silencio, versiones contradictorias… y control del discurso.
Medios internacionales hablan de agentes vinculados a inteligencia estadounidense, el gobierno federal dijo que no sabía nada, el gobierno estatal se defendió y en medio de todo, apareció la palabra favorita del poder:soberanía.
Pero aquí hay que decirlo directamente: la soberanía no puede ser pretexto para ocultar información.
El marco jurídico es claro: el artículo 89, fracción VI de la Constitución establece que la seguridad nacional y la conducción de la política exterior son facultades del Ejecutivo Federal, mientras que la Ley de Seguridad Nacional —reformada en 2020— fijó reglas específicas para la actuación de agentes extranjeros en México.
Esa reforma no deja espacio a la ambigüedad: los agentes extranjeros no pueden ejercer funciones propias de autoridad, deben compartir toda la información que obtengan con autoridades mexicanas, y su actuación debe estar sujeta a autorización, supervisión y coordinación federal.
Si eso no ocurre, el problema no es menor, no estamos necesariamente ante traición a la patria, sino ante posibles violaciones al marco legal vigente y responsabilidades administrativas y políticas.
Lo preocupante es otra cosa: Cómo se desvió la conversación.
En lugar de explicar qué pasó, cómo se detectó ese narcolaboratorio gigantesco, qué inteligencia lo permitió, y por qué terminó en tragedia.
El debate se convirtió en un discurso político sobre «defender la soberanía» una soberanía que, en los hechos, se invoca hacia afuera, pero se ignora hacia adentro.
Porque defender la soberanía también significa rendir cuentas, también significa decir la verdad, también significa cumplir la ley.
Y aquí viene la pregunta incómoda: Si el Estado mexicano tiene información de inteligencia sobre los grupos criminales, si sabe dónde están, si sabe cómo operan, ¿por qué no los detiene?
¿Por qué no se golpea de fondo a sus estructuras financieras, como lo permite el régimen antilavado?, ¿por qué no se sigue la ruta del dinero?, ¿Falta capacidad… o sobra simulación?
Porque mientras se discute si hubo o no presencia extranjera, los verdaderos problemas siguen intactos.
Y hay otra realidad que no se puede ignorar.
México no ha logrado consolidar instituciones civiles de seguridad plenamente eficaces, y Estados Unidos no ha contenido ni su demanda de drogas ni el flujo de armas hacia el sur.
Esa combinación genera una relación de dependencia, pero también de riesgo.
Por eso hay tres puntos que no pueden perderse de vista:
Primero: la inteligencia puede compartirse, pero la operación en territorio nacional debe mantenerse bajo control del Estado mexicano, eso no es retórica: es mandato legal.
Segundo: la seguridad nacional no puede ser sinónimo de opacidad total. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido clara; incluso en estos temas, debe existir un mínimo de rendición de cuentas.
Y tercero: la corresponsabilidad es ineludible, ni los actores extranjeros son salvadores, ni las autoridades locales pueden actuar al margen del marco federal.
Lo de Chihuahua no es un caso aislado, es un síntoma, que exige respeto afuera, pero no logra orden ni claridad adentro.
Por eso, el punto no es cerrar filas con discursos, sino abrir la información.
Que se diga qué pasó, Quién autorizó qué, Quién sabía… y quién no.
Porque en un Estado de derecho, la soberanía no es una consigna, Es una responsabilidad y hoy, esa responsabilidad… no se está cumpliendo.
Durante la asamblea de ayer sábado, de los abogados organizados del Estado, celebrada en Delicias, el magistrado Fco. Javier Acosta Molina, arremetió en contra de los abogados que litigan en los medios y las redes sociales, dijo que que el Modelo Chihuahua del Tribunal de Disciplina Judicial es motivo de orgullo institucional, al tratarse de un diseño técnico, constitucional y funcional, construido con trabajo en equipo, no desde una visión personal ni centralizada. Recalcó que el Tribunal opera bajo una estricta separación de funciones —investigación, sustanciación y resolución— y que ningún magistrado es jefe de otro, lo que garantiza independencia, profesionalismo y respeto al debido proceso, concluyendo que «el tribunal de disciplina Judicial no es un tribunal de revancha, ni de opinión pública, ni de castigo político; es un órgano técnico que protege tanto a los justiciables como a las personas juzgadoras, y que exige denuncias responsables, pruebas reales y un profundo compromiso ético», expresó, destacando que la presunción de inocencia y el respeto a la ley son principios irrenunciables.
