Desde el 2 de abril, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense tenía ubicado al exgobernador de Chihuahua
Víctor Fuentes/Agencia Reforma
Ciudad de México— México solicitó la extradición de César Duarte Jáquez, gobernador de Chihuahua de 2010 a 2016, quien fue detenido en Miami, para que responda por una acusación de desvío de 96.6 millones de pesos de recursos públicos en favor de dos de sus empresas.
Lo anterior, de acuerdo con la orden para detener con fines de extradición a Duarte, librada el pasado 24 de abril por John F. Robbenhaar, juez de la Corte para el Distrito de Nuevo México, con sede en Albuquerque.
México pidió la extradición con base en una orden de aprehensión girada el 8 de octubre de 2019 por la jueza local María Alejandra Ramos Durán por los delitos de peculado y asociación delictuosa, que el Código Penal de Chihuahua sanciona con penas máximas de nueve y doce años de cárcel, respectivamente.
La fiscalía federal en Nuevo México detalló que, entre junio de 2011 y noviembre de 2014, el estado de Chihuahua transfirió 96.6 millones de pesos a las empresas Unión Ganadera Regional División del Norte del Estado de Chihuahua, así como Financiera de la división del Norte SOFOM, de las cuales Duarte era accionista mayoritario.
Algunas de las transferencias se hicieron desde la «cuenta deudora» para gastos de emergencia del estado, lo que permitía liberar el dinero rápidamente y sin justificar.
«Según varios testigos, los pagos eran hechos con base en contratos ficticios que eran ejecutados por instrucciones de Duarte, tanto de manera personal, como por medio de otros, como Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, hijo de su amigo de la infancia», detalló la fiscalía.
Hermosillo fue director del Fideicomiso para la Promoción de Actividades Productivas y director General de Administración de la Secretaría de Finanzas estatal, pero al mismo tiempo era oficial y accionista de Financiera de la División del Norte y representante legal de Unión Ganadera.
Otros funcionarios también participaron en el esquema, según la acusación. Entre ellos, el Secretario de Finanzas, el director General de Programas de Inversión Pública, el Secretario de Desarrollo Rural, y el director de Desarrollo Agrícola.
«Estos funcionarios aprobaron el pago de fondos sin seguir procedimientos requeridos por ley, sin documentación completa ni apropiada, sin justificación presupuestal, y sin el seguimiento para garantizar que los recursos fueran utilizados para el propósito estipulado».
Desde el 2 de abril, el Departamento de Seguridad Interna estadounidense tenía ubicado a Duarte en un rancho de Estancia, Nuevo México, por lo que la solicitud de extradición se presentó bajo sello.
