Modificar el artículo 19 constitucional ampliaría catálogo de delitos que ameritan detención preventiva de oficio
El Diario
Como se plantea la prisión preventiva oficiosa por defraudación fiscal, evadir un peso al fisco sería suficiente para que cualquier contribuyente pudiera caer en esta situación, lo que resulta muy delicado, señaló el contador público Guillermo Flores Reza.
Apuntó que en las leyes secundarias se deberán regular montos y totales, pues de aprobarse el proyecto de ley como se ha presentado, se da la facultad a la autoridad para determinar a quién acusar de defraudación fiscal por el importe que sea.
“Eso es lo grave, ya no se va a buscar a aquel que evadió cantidades grandes, sino cantidades pequeñas, por lo que cualquier persona por desconocimiento u omisión puede ser sujeto a caer en este delito, por ello es delicado que esta disposición avance”, dijo.
Agregó que con esto se trata igual a los desiguales y puede llevar a prisión a una persona que evadió un peso o millones de pesos, cuando el agravio al fisco no es el mismo.
Lo delicado, mencionó, es que en lo que se determina si existe o no defraudación fiscal, el contribuyente va a prisión.
“Primero me das el coscorrón y después me disculpo, en este sentido va la reforma, es por eso que para nada es aceptable por parte de la iniciativa privada, pues se están extralimitando en las modificaciones al artículo 19 de la Constitución Política”, dijo.
Expuso que existe una amplia posibilidad de que la reforma prospere por cómo estará conformada la próxima legislatura federal.
De llegar a aprobarse, se espera en las leyes secundarias clasificaciones para no tratar iguales a los desiguales, que es un principio constitucional, reiteró.
Expuso que una persona que evada un peso no tendrá la capacidad económica para contratar un abogado y lo defienda, “sentimos que estamos en un estado de indefensión”, lamentó.
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes el dictamen que modifica el artículo 19 de la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.
El dictamen plantea incorporar extorsión, narcomenudeo, actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo y otras drogas sintéticas, así como la defraudación fiscal y la compra o adquisición de comprobantes fiscales, como delitos que ameritan esta medida cautelar.
La reforma se subirá al Pleno en septiembre cuando se instale la LXVI Legislatura.
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