El problema es que el agua se presta a populismos. Por eso los políticos nos dicen que es un derecho humano y que no se le puede poner un precio.
La falta de agua está generando una situación crítica en Nuevo León y particularmente en Monterrey.
Desde febrero se decretó un estado de emergencia por sequía extrema y se establecieron medidas de racionamiento, al tiempo que se pidió a la población reducir su consumo. Se decretaron multas por el desperdicio y se anunció que sólo se distribuiría agua por la red de 4:00 a 10:00 de la mañana.
En los últimos días hemos visto peleas a golpes para obtener agua de pipas y bloqueos de calles, como si dañar a terceros pudiera hacer fluir el líquido. Los políticos nunca dejarán de ser políticos y por eso culpan a sus enemigos favoritos de la situación.
En mayo, al presentar su Plan Maestro para Garantizar el Agua de Nuevo León hasta 2050, el gobernador Samuel García declaró que iba a dar solución a “esta irresponsabilidad que nos dejó el ‘Bronco’”, el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
El presidente López Obrador argumentó este 22 de junio que la falta de agua “se origina en buena medida también por el modelo neoliberal, o neoporfirista, de querer diluir, hacer a un lado al Estado. ¡Cómo se va a dar permisos para poner cerveceras en el Norte!”.https://1294902d30bdee125567aa3a337e118d.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html?n=0
En Nuevo León comprometieron “el agua sin límites estratégicos de ninguna índole, porque lo que interesa es hacer dinero, industrias, industrias, industrias, unidades habitacionales, unidades habitaciones, y entre más lujosas y con buenas albercas mejor”.
No dudo que el “Bronco” no haya tomado las medidas adecuadas para un problema que se veía venir desde hace años, pero tampoco lo hicieron sus predecesores.
Es positivo que el gobernador García haya nombrado a un experto, Juan Ignacio Barragán Villarreal, como director del Sistema de Agua y Drenaje de Monterrey, en lugar de a un político con 99% de lealtad.
Las medidas anunciadas en mayo por Samuel parecen razonables, pero la crisis actual está tomando proporciones preocupantes. El Presidente sigue peleando la cancelación de la cervecera de Mexicali, que contaba con todos los permisos, incluyendo los de agua.
La planta habría usado 5.8 metros cúbicos al año, 0.2% del total del Municipio de Mexicali, pero estaba haciendo inversiones para lograr una huella operativa hídrica neutra.
La cancelación impidió la inversión en infraestructura y evitó la creación de 32 mil empleos. AMLO olvida que en México el agua ya es “propiedad de la Nación” y que el Gobierno la maneja con criterios políticos.
Esta es realmente la razón de los problemas en Monterrey y otros lugares. Un mercado regulado por precios subiría y bajaría según la oferta y la demanda, y resultaría más justo y eficiente.
En este momento, sin embargo, el Gobierno adjudica grandes cantidades de agua a usuarios poco eficientes, principalmente agricultores de productos con gran consumo, a un costo por debajo del real.
El problema no son las industrias. En Nuevo León, como en casi todo el País, 70% del uso es agrícola, con precios subsidiados y grandes desperdicios; 25% va al abastecimiento público y sólo 4% a las industrias (pronaturanoroeste.org).
Sería mejor crear un verdadero mercado de agua, con precios realistas que generen recursos para invertir en infraestructura. Los subsidios deben darse sólo a consumidores familiares que no puedan cubrir sus necesidades esenciales.
El problema es que el agua se presta a populismos. Por eso los políticos nos dicen que es un derecho humano y que no se le puede poner un precio. Al manejarla así, sin embargo, nos dejan a todos sin agua.
LLAMADA
Una nueva grabación muestra una vez la manera en que el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, negocia con acusados o sus familiares. En este caso Emilio Lozoya, padre. Es muy preocupante.
